Redacción ContraPunto
La reforma entregada recientemente por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa implica la eliminación del Tribunal Sancionador contemplado en la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, así como la disolución del Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD). Con esta medida, el Gobierno suprime los artículos del 103 al 107 de la ley, que establecían la creación, funciones y atribuciones del tribunal, encargado de sancionar violaciones a los derechos de las personas con discapacidad.
Desde su aprobación en agosto de 2020, el funcionamiento del tribunal había sido prorrogado en siete ocasiones por el Órgano Ejecutivo, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, quienes aprobaron las extensiones con dispensa de trámite y sin justificar los motivos del retraso. La última prórroga fue aprobada el 11 de diciembre de 2024, posponiendo su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2026. No obstante, con la reforma presentada, el tribunal nunca llegará a operar.
Según la ley vigente, el tribunal debía estar integrado por tres miembros propietarios con sus respectivos suplentes: uno designado por la Corte Suprema de Justicia, otro por la Universidad de El Salvador y las universidades privadas, y un tercero por organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Carolina Vásquez, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, lamentó la decisión y la calificó como un retroceso:
“Nunca se cristalizó. Ahora lo derogan. En la extinción del CONAIPD, dejar hasta el penúltimo artículo la derogación del tribunal es una pena. Están tomando un tema, pero de ese tema derivan acciones que son un retroceso a la defensa de derechos de personas con discapacidad”, dijo Vásquez.
Por su parte, José Ramírez, un trabajador con discapacidad visual y activista del sector, expresó su preocupación ante la falta de un mecanismo que sancione las violaciones a sus derechos laborales:
“Si una empresa me discrimina o no me quiere contratar por mi condición, ya no hay quién defienda mi caso. Con el tribunal teníamos una esperanza de justicia”, comentó.
Mientras tanto, otros miembros de la comunidad sostienen que la medida deja en la indefensión a miles de salvadoreños con discapacidad que dependen de instituciones que velen por la igualdad de condiciones en el empleo y en el acceso a servicios públicos.
La eliminación del Tribunal Sancionador y del CONAIPD deja un vacío institucional que, según organizaciones civiles, vulnera el espíritu de la Ley de Inclusión y debilita los mecanismos de protección establecidos para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
