En febrero de 2017, Bolivia promulgó una Ley de la coca, que autoriza la extensión legal de su cultivo de las 12,000 a las 22,000 hectáreas.Esta ley permite la aproximación entre los cultivos que ahora existen, que abarcan una extensión de 25,000 hectáreas, y los que ahora van a ser legales.
Se corrige ese vacío.La cantidad es mayor a la que un estudio internacional determinó era el área de cultivo necesaria, para la producción de la coca legal que se requiere para el consumo propio de los hábitos culturales locales.Años atrás los gobiernos cometieron el error de erradicar de manera total el cultivo en la región del Chapare.
El actual presidente de Bolivia, Evo Morales, encabezó la lucha de los cocaleros en esa zona del país.En 2004, el presidente Carlos Mesa autorizó ahí 3,000 hectáreas de cultivo frente a las 12,000 de la región de los Yungas de La Paz lugar de la producción legal y milenaria.Estos productores están enfrentados con los del Chapare. L
a nueva ley pretende resolver el conflicto entre los grupos de ambas regiones. El presidente Morales negoció con ellos ampliar el espacio legal de cultivo.La nueva extensión de producción legal es de 14,300 hectáreas para los Yungas y 7,700 para los de Chapare.
La medida “salomónica” del presidente Morales ha provocado muchas reacciones en contra.Lo acusan de comportarse como el líder cocalero de Chapare al beneficiar a los productores de esa región y no como presidente del país.Un tema que no está claro es la constatación de que se cultiva una superficie mucho más grande de la que se necesita, para satisfacer las necesidades de consumo derivadas de los hábitos culturales locales.
Las grandes preguntas son: ¿A qué mercado va la producción legal de la coca que se siembra de más? ¿Quiénes son los compradores? ¿Es en los hechos un paso adelante en la producción legal de hoja de coca para elaboración de la cocaína?
