El Juzgado de Primera Instancia de Chinameca, en el departamento San Miguel, giró una orden internacional de captura contra tres exguerrilleros que están implicados en la muerte de tres funcionarios estadounidenses, como resultado de un ataque registrado en 1991.
La medida que dictó el juez incluye, además, el embargo de los bienes de los acusados. Las personas sobre las que ahora pesa la orden son Fermán Fernández Arévalo, con nombre de guerra “Porfirio”; Santos Guevara Portillo, “Domínguez”, y Severiano Fuentes Fuentes, "Aparicio”. Hasta el cierre de esta nota se desconocía si estas personas siguen en el país.
En enero de 1991, el helicóptero UH-1H, con su tripulación dentro, fue atacado por presuntos miembros de la entonces guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los atacantes derribaron el helicóptero mientras estaba en plena maniobra de aterrizaje controlado. Como resultado de esa agresión murieron el coronel David J. Piquet, el técnico Ernest Dawson y el piloto Daniel Scott, todos asesores militares estadounidenses.
De acuerdo a lo que relataron los testigos, a los asesores que habían sobrevivido el derribo de la unidad los terminaron de matar poco tiempo después. Tenían heridas de bala en la cabeza y sus cuerpos no estaban dentro de la referida nave, de acuerdo a las versiones que manejaron el Departamento de Estados del gobierno estadounidense y el Pentágono.
Esta orden internacional llega después de que la Policía Nacional Civil no hizo efectiva la primera orden de captura que la Fiscalía General de la República dio en 2017
Tanto “Aparicio” como “Porfirio” fueron detenidos por este crimen; sin embargo, fueron liberados en 1992 gracias a la Ley de Aministía General que aprobó la Asamblea Legislativa poco después de los Acuerdos de Paz.
La Sala de lo Constitucional, en julio de 2016, expulsó del ordenamiento jurídico a esta ley general y ordenó a las autoridades de Gobierno, tanto legislativas com ejecutivas, prepara una nueva ley que permitiera investigar y enjuiciar crímenes cometidos en la guerra.
Con esta decisión del juzgado también se actualizará la información que del caso tiene el Buró Federal de Investigaciones en los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).
