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jueves, 23 de septiembre del 2021

“Justicia Transicional no significa impunidad”: Morales

El proyecto de ley que están preparando los diputados de la subcomisión política no cumple con los estándares de lo que mandata la Sala de lo Constitucional que declaró violatoria de la Constitución la Ley de Amnistía de 1993.

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La Comisión Especial encargada de elaborar un proyecto de ley de Reconciliación Nacional ya están listos para presentar esta semana la propuesta a la Comisión Política que será la encargada de presentarla al pleno para su posible aprobación.

Después de haber suspendido las consultas a las víctimas, la instancia legislativa comenzó las deliberaciones con base a un proyecto elaborado por la técnica de la comisión y otro  hecha por organizaciones sociales, aglutinadas en el grupo denominado "Mesa Contra la Impunidad".

El próximo 13 de noviembre concluye el plazo adicional otorgado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para legislar sobre una normativa que garantice la reconciliación nacional partiendo de la justicia restaurativa y transicional, tras el fallo emitido por el máximo tribunal de justicia del país en 2016 que derogó la Ley de Amnistía General que había sido aprobada en 1993, tras finalizar el conflicto armado.

Pero las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado agrupados en el Proyecto Vidas, pidieron a mediados de este mes una nueva prórroga, para que los legisladores emitan una ley que se ajuste al mandato de la Sala de lo Constitucional.

Benjamín Cuéllar y Pedro Antonio Martínez, presentaron un escrito al tribunal constitucional por considerar que el proyecto que se está consensuando en la Asamblea Legislativa es la misma Ley de Amnistía, pero maquillada como ley de Reconciliación Nacional.

En el escrito piden “se otorgue a la Asamblea una nueva prórroga del plazo para aprobar la Ley, que sea lo suficientemente amplio para permitir una participación efectiva de las víctimas en el proceso tal como lo han establecido esta Sala, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, opinó que la normativa debió llegar en los años 90, pero no se pudo porque fue bloqueada por los poderes políticos y se ha venido arrastrando esa deuda con las víctimas que sufrieron con las atrocidades de la guerra de ambos bandos.

Recordó que hace tres años se abrieron las puertas para que la justicia transicional tenga un espacio en el país y sea regulada por ley a raíz de la sentencia de la Sala.

Los combatientes de ambos bandos están amnistiados en este momento, porque la Ley de Amnistía de 1992, todavía está vigente, pero quienes cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad deben ser juzgados y las víctimas reparadas, según la Sala.

No obstante, durante tres años la Asamblea Legislativa ha incumplido la sentencia. En dos años no hizo absolutamente nada y, cuando inició el proceso fue de forma irregular, donde hasta hoy se han conocido tres propuestas que no cumplen los estándares de la sentencia y por el contrario la violentan y lo que buscan es la impunidad para los violadores de los derechos humanos de la guerra, manifestó Morales.

El 14 de octubre, hubo una tentativa de la subcomisión política que estudia el proyecto y fue introducida por el diputado Roberto Angulo, del Partido de Concertación Nacional (PCN). La propuesta es la misma que habían intentado aprobar en mayo pasado.

“Es una propuesta de amnistía encubierta, pero amnistía explícita porque no se atienden los estándares internacionales para la justicia transicional”.

Agregó que las Naciones Unidas tiene parámetros muy claros y el secretario general del organismo presentó informes especiales al Consejo de Seguridad en el 2004.

“La justicia transicional no es una justicia a medias, no es una justicia blanda; no significa impunidad, es un conjunto de procedimientos y mecanismos que adoptan los países para afrontar los pasados de violaciones masivas de los derechos humanos”, acotó Morales.

Uno de esos ejes es la justicia, pero real y efectiva, que obviamente no se puede aplicar a todos los casos, pero sí deben existir esfuerzos reales.

Lo más grave, señala Morales, es que una vez más están intentando aplicar la amnistía a través de la exclusión de algunos casos que la ley ordenará en su momento realizar a la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, se está buscando un mecanismo de amnistía encubierta a través de la eliminación de penales reales. Violadores de los derechos humanos que hayan sobrepasado los 65 años de edad, no podrían ser afectados con ninguna medida de restricción a su libertad, ni pagar una condena en prisión.

“Esto es un claro intento de los diputados de proteger a las cúpulas militares que protegieron estos graves crímenes de cualquiera de los ejércitos en contienda”, subrayó Morales.

Hay otro punto. Muchas disposiciones de la propuesta van tendientes a impedir que funciones el principio de imprescritivilidad, es decir, que no debe haber un plazo de vencimiento para los que cometieron los crímenes.

El 21 de mayo, las víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron una propuesta de ley que reúne de mejor manera todos los estándares de la sentencia de la Sala y busca proteger los derechos de las víctimas y el debido proceso para quienes vayan a juicio. Esta propuesta contó con la iniciativa del diputado Juan José Martel de Cambio Democrático (CD), por lo tanto es formalmente un proyecto de ley.

Mientras que la propuesta que tienen los diputados no tiene ni fuerza de proyecto, es solo un documento de trabajo que no tiene iniciativa. Pero la subcomisión política no ha discutido este documento.

Incluso, el proceso de consultas fue irregular, no escucharon a las víctimas, solo hicieron consultas en 5 lugares del territorio nacional de dos horas, sin metodología, no se les informó de las propuestas, no hubo talleres de trabajo con víctimas, no convocaron a las mayorías y llamaron a excombatientes de ambos bandos, lo que al final, llevó a desnaturalizar esas jornadas.

Morales insistió que la Sala debe realizar una audiencia de seguimiento para revisar el proceso que están haciendo los diputados porque está plagado de irregularidades. “Se debe garantizar la justicia, liberación de los archivos militares para que tengan acceso las víctimas y las autoridades, el fondo y registro de víctimas pero con un financiamiento claramente establecido para que a las víctimas se les pueda resarcir por los daños causados”.

La doctora Sol Yañez. experta en psicología social, indicó que la Ley de Reconciliación no significa amnistía, es una norma para reparar daños. Se necesita una Ley de Justicia Transicional.

La reconciliación significa que un país después que ha pasado por un conflicto armado, en donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, es necesario que existan programas de reparación psicosocial para las víctimas.

La impunidad para las víctimas significa que les están negando su historia, pero además, se produce algo que en psicología se llama “indefensión aprendida” (se refiere a la sensación subjetiva de no poder hacer nada frente a un problema, situación o estímulo desagradable; y a pesar de que sí existan oportunidades reales de cambiar la situación).

“La víctima se pregunta ¿dónde está mi papá, dónde está mi familia? Y te cierran las puertas porque no puedes acceder a la justicia.

“Por ello la impunidad se queda en la subjetividad y también en las relaciones, porque uno ya sabe que no va a pasar nada”.

Por ese motivo, la profesional en psicología es importante la justicia transicional porque opera con un nivel de organización, actúa como una acción preventiva y a nivel de reparación y al final, lo más importantes es que la justicia está para todos, porque si no funciona lo que ocurre es una ruptura del tejido social.


¿Qué dicen los legisladores?


El diputado No Partidario, Leonardo Bonilla, considera que no ha habido mucho avance en la discusión del proyecto de ley.

A parte del proyecto que ya había elaborado la técnica de la comisión y otro de la sociedad civil, hay una propuesta más, que a juicio de este legislador podría complicar más el proceso. Confía en que no se incumpla la sentencia de la Sala de lo Constitucional pues se caería en desacato por parte de la Asamblea.

“La Sala fue clara al señalar que la ley debe contemplar la justicia, la garantía de no repetición de los crímenes y el proceso judicial contra los implicados; aspectos que deben tomarse en cuenta”.

Julio Fabián, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y miembro de la subcomisión política, dijo que ya están listos para preparar el informe a la Comisión Política.


“Esperamos que esta semana se entregue y que sea la Comisión Política la que prepare el proyecto y presentarlo al pleno legislativo antes del 13 de noviembre”, recalcó.

Justificó que ha habido un mal entendido en cuanto a que los implicados en crímenes y violaciones a los derechos humanos sean procesados. Si bien la Sala declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, otra normativa de 1992 está vigente y contempla los juicios; en ese sentido, si los delitos son graves y está contemplado el marco jurídico, se tendrá que judicializar los casos en los tribunales correspondientes.

“No es cierto que no existe cárcel, se valorará, pues de acuerdo al artículo 27 inciso 3 de la Constitución mandata que la razón de cárcel es para que pueda reinsertar a una persona, pero si esta persona tiene 80 años, ¿qué le va a garantizar que sea reinsertada? razonó.

En el proyecto, concluimos que aquellas personas que tengan más de 60 años de edad y padezcan de una enfermedad terminal no sea procesada.

De esta manera, los políticos quieren dar por cerrada la discusión de este tema y pasar la pelota a la Comisión Política para que se encargue de preparar un dictamen y de ser posible, aprobar la ley.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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