El pasado lunes 19 de diciembre se dio a conocer en la prensa escrita la condena, en el juicio canónico llevado a término en el Vaticano, de los tres clérigos salvadoreños acusados de cometer abusos sexuales en menores de edad. No sorprende, vista la cantidad de escándalos de pederastia protagonizados por sacerdotes católicos en diversas partes del mundo.
Si algo sorprende es que sean tan poquitos casos en El Salvador. Aunque es probable que, a raíz de las recientes condenas, aparezcan más. Y sorprende que toque tan alto a la Iglesia salvadoreña. En efecto, uno de los involucrados, monseñor Jesús Delgado, estaba considerado como el tercero en la jerarquía eclesiástica local.
Para quienes somos legos en derecho canónico sorprende también la pena dictada: “dimisión del estado clerical”. Es decir, no podrán ejercer ninguna función sacerdotal. Vista la gravedad del delito, a muchos va a parecerles muy leve el castigo. Al que sólo cabría agregar la instrucción de rezar cierta cantidad de padrenuestros y avemarías. Como una penitencia.
Pues la Iglesia de nuestra época tiende a confundir lo que son delitos con simples pecados. Con la tendencia a ocultar los casos para evitar el escándalo. Es lo que motivó a la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, a hacer públicas las denuncias que había a fin de que la Iglesia tuviera que romper el silencio.
¿Y el Estado? ¿Acaso la fiscalía no debería proceder de oficio, a la luz de la información periodística, e iniciar una investigación – ver si hay delitos no prescritos – a fin de someter a la justicia a los clérigos delincuentes? ¿O es que no rige en nuestro país la separación entre Iglesia y Estado, así como el carácter laico del mismo?
¿Acaso no tienen las víctimas de sacerdotes los mismos derechos que otras víctimas de similares delitos cometidos por sujetos no pertenecientes al estamento eclesial? ¿Será que ser parte del mismo es causal de privilegios, siendo que, por el contrario, debería ser considerado un agravante, dada el aura espiritual y autoridad moral que les confiere el cargo sacerdotal?
Por otra parte hay que considerar la postura del sacerdote Juan Francisco Gálvez, quien sostiene su inocencia en campo pagado publicado el 21 de diciembre. En él dice ser víctima de calumnias y señala no habérsele respetado su derecho de defensa. Concluye su alegato afirmando: “sacerdote seré para siempre porque fui ungido con el Sacramento del Orden Sacerdotal que es indisoluble”. Ni acepta el veredicto, ni tampoco la condena.
Tiene derecho a defenderse en un tribunal como cualquier ciudadano. O demandar a sus acusadores de calumnia y éstos estarían obligados a presentar sus pruebas. También podría denunciar a su empleador (en este caso la Iglesia) por despido injustificado y exigir su restitución en el cargo. Es decir, si es que lograse probar sus alegatos. En lugar de andar gastando en campos pagados mejor debiera reservar el dinero para contratar abogados. ¡La institucionalidad del estado debe funcionar y debe haber justicia laica para todos!
