La jefa de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power, llegó esta mañana a El Salvador para abordar la problemática de la migración irregular de salvadoreños hacia esa nación.
Power fue recibida por la encargada de negocios de la embajada norteamericana, Jean Manes, para comenzar su agenda programada para su visita a El Salvador.
Power tiene reuniones programadas con representantes del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada.
El viaje de Power a El Salvador forma parte de una gira por Centroamérica, en la cual ayer estuvo en Honduras; y luego de El Salvador, tomará destino a Guatemala. La gira abarca desde el 13 hasta el próximo jueves 17 de junio.
En ese sentido, Power brindará un discurso en el auditorio Segundo Montes, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); el discurso será dirigido a estudiantes universitarios. Este será el único evento abierto a la prensa en la agenda de la funcionaria en el país.
Los objetivos del viaje son “promover los esfuerzos de USAID para contribuir a enfrentar los retos de gobernabilidad, económicos, y de seguridad que están influyendo para que los centroamericanos emigren hacia el norte”, según dio a conocer la propia agencia en el comunicado de prensa en que confirmó el viaje.
“Bienvenida Administradora Samantha Power. La funcionaria de más alto nivel de la cooperación de Estados Unidos llega a El Salvador en su primer viaje como Administradora para ver el impacto de las inversiones de USAID y el camino hacia adelante para abordar las causas de la migración”, escribió Manes en un tuit en el que da la bienvenida a Power en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Romero.
En las últimas semanas, USAID fue noticia en El Salvador debido a la reorientación de la ayuda económica que el gobierno de Nayib Bukele recibía para la Policía Nacional Civil (PCN), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía (FGR), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), debido a la decisión del oficialismo de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república. En su lugar, los fondos fueron reorientados a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra la corrupción y por el acceso a la información.
