Miembros de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) junto al Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo pro Memoria Histórica interpusieron en la Fiscalía General de la República, un aviso para que investigue el cometimiento de posibles delitos, luego que la Fuerza Armada impidiera la inspección de archivos militarse en el Estado Mayor Conjunto, para investigar la masacre de El Mozote.
Esta es la segunda medida que se registra, ya que la primera fue colocada por el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).
El aviso del IDHUCA, fue presentado días después, de que el presidente de la República, Nayib Bukele, revelara las razones por las cuales no dejó ingresar a un equipo de especialistas de derechos humanos al Estado Mayor de la Fuerza Armada, para que deberían realizar la respectiva inspección de los documentos, ordenada por el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán.
Bukele explicó, que tomó esa decisión porque los especialistas responden a intereses del FMLN, por lo cual buscarían archivos diferentes a los que les están permitidos y entrarían a sectores donde hay archivos estratégicos clasificados.
Además, reiteró que solo había cinco carpetas de información de la masacre, porque el resto ha sido destruido en durante los últimos 39 años.
Por lo tanto, esto provocó una indignación generalizada y que llevó al IDHUCA a interponer el aviso.
“Presentamos el aviso penal a partir de las declaraciones del presidente de la República de que una parte de los archivos relativos al caso de El Mozote habían sido destruidos o desaparecido. Nos parece que esto eventos que el presidente manifestó son suficientes para configurar al menos dos tipos de delitos cometidos al interior de la Fuerza Armada o la participación de ella”, indicó Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA.
Los delitos que podrían configurarse con la acción denunciada por Escalante son: supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos y actos arbitrarios.
Escalante manifestó que si bien el autor o autores de la supuesta destrucción de los archivos se desconocen, los actos merecen ser investigados inmediatamente por tratarse de un posible intento por impedir que se juzgue un crimen de lesa humanidad.
Asimismo, configuraron el delito de omisión de aviso, ya que los servidores públicos que revisaron la documentación, debieron de dar un aviso temprano a la Fiscalía General de la República
Por su parte, las organizaciones indicaron que el bloqueo al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, habría incurrido en los delitos de: actos arbitrarios, incumplimiento de Deberes, desobediencia, encubrimiento, supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos
Además, señalan que afecta los derechos humanos de las víctimas, negándoles el acceso a sus derechos de verdad, justicia y reparación.
El pasado 21 de septiembre, el coronel Carlos Vanegas informó al juez Guzmán que no permitiría el ingreso a los archivos militares, debido al artículo 168 de la Constitución de la República, que establece que los planes militares son secretos.
El juez Guzmán argumentó al coronel Vanegas que la Ley de Acceso a la Información Pública señalaba que el plan militar pierde su reserva, cuando se investigan delitos de lesa humanidad.
En el juicio por la masacre del caserío El Mozote se procesa a una veintena de jefes militares de la época por 12 delitos contemplados en el Código Penal derogado, pero vigente cuando se cometió la matanza.
