En otro momento se realizó un análisis de la inclusión digital en el Plan Cuscatlán, en este espacio se realizará una lectura del apartado referido a la transformación digital.
Lo primero que hay que decir es que la transformación digital representa la primera gran apuesta hacia la digitalización y el control gubernamental en una escala nunca antes vista. Dicho objetivo se plasma en el primer eje del componente, el referido al GOES, mediante el cual se busca articular siete subcomponentes a saber: un sistema de monitoreo nacional, transformación digital del gobierno, interoperabilidad institucional, firma electrónica, facturación electrónica, gobierno de datos abiertos, etc.
Algunos de estos procesos, como Gobierno electrónico, firma y facturación electrónica ya están en vías de cumplimiento e iniciadas por el gobiernos anterior y no representarían avances nuevos, sin embargo, la implementación de una plataforma tecnológica que logre un registro masivo de los datos de empresas y ciudadanos, la interoperabilidad institucional sobre la base de conexiones inteligentes, y la apuesta de la digitalización de servicios y de identidades es algo nuevo y ofrece un potencial enorme de desarrollo para la sociedad. Por un lado, esta interconexión ahorra costos de transacción mediante la eliminación de trabas burocráticas en los trámites, por otro, agiliza la operación de negocios al interconectar virtualmente en tiempo real los espacios y momentos de la actividad productiva y comercial. Todos estos son temas señalados por diversos organismos como el Foro Económico Mundial [1] y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual [2] para lograr una economía basada en el conocimiento.
Hoy por hoy, la interconexión entre la sociedad política y la sociedad civil se encuentra custodiada por el papeleo burocrático y la desconexión interinstitucional. La idea de una integración inteligente de bases de datos que constituyen el soporte de la identidad pasada y presente generaría una existencia virtual del individuo que permitiría tener más cercano al Estado con sus ciudadanos. Una integración tal que permitiría -a largo plazo- un mundo en el que la persona pudiese ejercer su voto desde sus teléfonos móviles y sellando su participación con una firma digital asociada a su identidad virtual única, como ocurre en Estonia. En un momento de desencanto con la vieja política y los viejos paradigmas, la oportunidad de recomponer el Estado haciéndolo más “del pueblo” está en el logro de una estructura verdaderamente abierta y disponible, sobre la base de registros inalterables en el blockchain y sin la necesidad de un intermediario que determine qué tipo de información es de acceso público. [3]
Estas oportunidades, no obstante, conllevan grandes desafíos e implicaciones de alcance aún desconocido. Para el caso, cada vez que se ha intentado implementar transformaciones o “migraciones de sistema” nos damos cuenta de la fuerza del “candado institucional” que sirve de barrera de resistencia a cualquier intento de alterar el orden burocrático que ha cristalizado la posguerra. El nuevo Gobierno enfrentará el reto de o desmantelar ese sistema o crear uno paralelo al que ya existe; cualquier camino implica importantes costos políticos y financieros. Así también, está la cuestión legal de alterar por vía del ejecutivo, legislativo o judicial toda la infraestructural que sostiene el antiguo régimen de burocracia estatal.
Finalmente, queda en la oscuridad la función del Gobierno en el componente tecnológico y en el Plan como un todo. ¿Cuál es el rol del Gobierno en todo esto? ¿Un facilitador, un coordinador, un jugador, un planificador o sólo un espectador? Algunos analistas han advertido de las pinceladas “anti-democráticas” del componente tecnológico [4], un rol más de vigilante a lo “big brother” que un facilitador como lo dicta el principio de liberalismo económico y la inercia neoliberal. En mi opinión, el Estado debiera ser un “emprendedor” (citando a Mazzucatto [5]) en la articulación de una gran misión de interés nacional que liderase diversas dimensiones y alcances espaciales y temporales. La misión es tanto la transformación digital del Estado como la creación de una ciudadanía digital; a ella, se subordinan la creación de productos y procesos resultantes de la innovación sectorial en la que conjugan el esfuerzo descentralizado y coordinado de empresas, Start ups, financistas, Gobierno, Universidades, Centros de Investigación, etc.
El impulso es la misión, el esfuerzo es la inversión coordinada en armar el ecosistema y el resultado, alcanzar uno de los brazos de la cuarta revolución industrial. Los sectores clave: big data, blockchain e inteligencia artificial todas ellas subramas que desafían la lógica tradicional de industrias intensivas en capital físico y que tienen enormes potencialidades disruptivas para la economía como un todo. No obstante, un Estado emprendedor es más que sólo facilitar espacios y ejecutar programas: es tener una visión, ser frugal en la actitud de consumo superfluo e intensivo en la inversión productiva de largo plazo. De tener éxito, el resultado será algo verdaderamente nuevo: lograr desarrollo sobre la base de la dignificación humana y su potencial creativo.
