Dos propuestas de ley para la prevención y protección de víctimas en condición de desplazamiento forzado, comenzaron a ser estudiadas por los diputados esta semana. Una deuda pendiente que tienen los políticos luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenara al Gobierno a reconocer la existencia de este fenómeno social.
Pero no solo eso. La Sala también ordenó a la Unidad Técnica del Sector Justicia, Ministerio de Seguridad y Asamblea Legislativa crear el marco legal que reconozca y proteja a las personas víctimas del desplazamiento forzado.
Una de las iniciativas, que fue presentada por el coronel José Almendáriz, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), en agosto de 2018, reconoce que El Salvador vive una situación de violencia grave que afecta a la población en diferentes formas.
Una de las manifestaciones de la violencia que se ha identificado en los últimos años es el del desplazamiento interno o forzado, que conforme a los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia”¦ como resultado para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos”.
Un estudio de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado por Violencia (MCDF), revela que entre 2017-2018, al menos 235 mil personas tuvieron que dejar todo y buscar lugares más seguros para evitar ser víctimas de los grupos criminales.
Es por ello, que el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el retorno seguro y digno a su lugar de origen, su reasentamiento en otra comunidad del país o fuera de este, en condiciones que permitan garantizar su seguridad y una reintegración efectiva, incluyendo aquellas personas que son retornadas al país y cuyo motivo de salida haya sido vinculado a hechos de violencia.
Una propuesta de creación de ley también fue presentada por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE) en diciembre de 2018.
La iniciativa es similar a la propuesta presentada por el PCN, pues al igualmente reconoce que el desplazamiento forzado es una conducta antijurídica que afecta a diversos bienes jurídicos tutelados, por lo que se debe de establecer como delito el desplazamiento forzado por la violencia para defender a las víctimas.
El documento explica que, “la seguridad y la paz pública, son bienes jurídicos que resultan afectados por grupos delictivos como las pandillas, organizaciones criminales a las que se refiere la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”,
Una sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional el 24 de agosto de 2015, concluyó que son grupos terroristas las pandillas o cualquier otra organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población. “En consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas”, estableció el fallo de la Sala.
El Estado debe enfrentar el fenómeno del desplazamiento forzado mediante estrategias de seguridad pública, investigación y juzgamiento de los hechos, la creación y establecimiento de alertas tempranas, protección humanitaria, promoción de la convivencia pacífica y fortalecimiento de las condiciones de arraigo.
En ambos casos, las iniciativas tienen como fin primordial, reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado, y aquellas que se encuentren en riesgo de ser desplazadas. Asimismo, se establecen las conductas punibles de las personas, agrupaciones o pandillas que provoquen el desplazamiento forzado.
De acuerdo a la representación regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para México y Centroamérica los números de refugiados y asilados han venido creciendo desde 2008.
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La principal causa del desplazamiento forzado, es la amenaza de las pandillas y el crimen organizado, así como la represión o uso abusivo de la fuerza policial, con base a estudios de dicha organización, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (IDHUCA) y la Fundación Cristosal.
Aunque estos datos no son recientes y por tanto las cifras indudablemente pueden ser mayores, ACNUR precisó que en el 2012 por lo menos 1,620 salvadoreños solicitaron asilo a otras naciones, al igual que lo hicieron 1,320 guatemaltecos y 795 hondureños.
La búsqueda de protección internacional hace que las víctimas de la violencia del Triángulo Norte se dirijan a Estados Unidos, Canadá y México, aunque también van hacia Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
La cifra se incrementa en los que respecta a refugiados: 8,153 salvadoreños, 6,300 guatemaltecos y 2,607 hondureños en el año ya mencionado.
Diversos motivos se han identificado para que la población salga de sus territorios como son las amenazas a muerte, las extorsiones; la violencia contra las mujeres y niñas; las amenazas de reclutamiento para incorporarse a las pandillas; acoso sexual; homicidios y feminicidios; uso y desinterés de la Policía para brindar atención y seguridad ciudadana a las víctimas de la violencia en las zonas bajo control de las pandillas.
La Comisión de Legislación de la Asamblea continuará con el estudio de las iniciativas y hará consultas con sectores de la sociedad civil e instituciones de seguridad. La idea es la de alimentar con sugerencias o aportes a los proyectos de ley y que en corto plazo se apruebe una normativa que garantice los derechos de las víctimas de la violencia en condición de desplazamiento forzado.
