jueves, 5 diciembre 2024

Inicia audiencia probatoria contra exdirector del ISSS

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Los demandados tienen congeladas varias cuentas bancarias y propiedades

La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, instalará este lunes a las 10 de la mañana la audiencia probatoria, contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores y su esposa, Karina Hernández de Flores, demandados por enriquecimiento ilí­cito en perjuicio del Estado Salvadoreño. 

La diligencia iniciará con los interrogatorios de testigos y peritos ofertados por las partes, admitidos por las magistradas en la audiencia preparatoria realizada el pasado 13 de julio. Asimismo se presentará la prueba y los alegatos de las partes.

Posteriormente las magistradas en un aproximado de tres dí­as de haber finalizado la diligencia, darán a conocer el fallo.

La cámara resolvió el siete de diciembre de 2015 abrir el proceso por enriquecimiento ilí­cito contra el exfuncionario y su esposa, luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara un juicio por el supuesto establecido en el art. 26 de la Ley sobre el enriquecimiento ilí­cito de funcionario y empleados públicos,  por un incremento patrimonial de $ 608  mil  387.28 que no han podido justificar su origen, esto  basado en la declaración jurada de patrimonio en la Sección de Probidad de la CSJ.

En enero de este año, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalí­a General de la República (FGR) acusó formalmente a Flores por enriquecimiento ilí­cito de más de 600 mil dólares que no fueron justificados en su declaración patrimonial ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Cámara Segunda de lo Civil reveló ese mismo mes que seis bancos congelaron diez cuentas bancarias de las cuales nueve estaban a nombre del exdirector del ISSS y una a nombre de su esposa.

La Sección de Probidad también reveló que de enero de 2011 a mayo de 2014, periodo de gestión de Leonel Flores, hizo depósitos que ascienden a 512,016.13 dólares e hizo retiros por 367,182.37 dólares, siendo ambos montos según Probidad, no coherentes con el salario que percibí­a como funcionario público.

Los demandados tienen congeladas varias cuentas bancarias y propiedades.

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