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Indignado y preocupado

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Mario Belloso habría asesinado a dos agentes de la UMO, PNC, Miguel Ángel Rubí Argueta (31) ; y José Pedro Miguel Rivas Navarrete (26), el 5 de julio de 2006. Purga una condena de 56 años, así lo recuerda Benjamín Cuéllar.

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Por Benjamín Cuéllar


El martes 5 de julio del 2022 se cumplieron dieciséis años de uno de los sucesos políticos criminales más abominables, trágicos y lamentables ocurridos en nuestro país tras el conflicto bélico; en su momento, desde el cargo que ocupaba intentando contribuir a defender la dignidad humana sin distinción, lo lamenté y condené de forma inmediata y pública. Entonces, a plena luz del día, fueron asesinados a mansalva de forma vil y cobarde dos miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden ‒la UMO‒ de la Policía Nacional Civil (PNC). No creo que recuerden mucho sus nombres: Miguel Ángel Rubí Argueta de 31 años y José Pedro Miguel Rivas Navarrete de 26. Además, resultaron heridas más víctimas policiales en medio del artero ataque con arma de guerra realizado por Mario Belloso, quien purga su condena de 56 años de prisión en el Penal de máxima seguridad de Zacatecoluca conocido como “Zacatraz”.

Hoy me toca hacer lo mismo tras el fallecimiento violento del inspector Carlos Antonio Velásquez Rodríguez, la agente Marta Liseth Alas González y su compañero Franklin Antonio Lemus Mágico, producto de una cobarde trampa montada al final de la tarde este pasado martes 28 de junio. Igual que en el caso anterior, expreso mi más enérgica condena por tan terrible suceso que ha enlutado tres hogares salvadoreños y a la corporación policial.

La versión gubernamental de los hechos señala como sus responsables, a miembros de una de las maras que operan en el territorio nacional. Oficialmente se reportan entre estos un herido, tres delincuentes también detenidos y uno fallecido al enfrentarse con las autoridades que intentaban capturarlo. Pero en las llamadas “redes sociales” circuló otra historia, sobre la cual no abundaré; de esta se desprende que la autoría del atentado fatal debería buscarse y encontrarse dentro de la misma institución a la cual pertenecían las personas sacrificadas a traición, mientras cumplían su deber.

Por más de alguna razón, no me atrevería a desechar a la ligera ni la primera ni la segunda “narrativa” al respecto pues ‒como bien dicen en México‒ “la mula no era arisca, la hicieron…”. Y es que, citando otro dicho, “no hay que creer ni dejar de creer”. Lo que sí debo externar es que, en mi humilde opinión y puede que hasta pecando de alcanzativo, además de considerar las anteriores habría que plantearse otra línea de investigación quizás un poco más atrevida y compleja aunque para nada ilógica: la intervención directa y decisiva del crimen organizado, a un nivel jerárquico superior y asentado más allá de nuestras fronteras, en lo relativo a la motivación para ordenar la realización de este tipo de ataque con sicarios nacionales; también en la provisión del entrenamiento y el armamento para su consumación. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho que perder si su “tropa” destacada en nuestro territorio no le continúa garantizando el tráfico ilegal de droga, vehículos, armas o personas por nuestro suelo.

Desde esta posibilidad, “vuelve la burra al trigo”, deberíamos mirarnos en el espejo de la dolorosísima experiencia mexicana en cuanto a la llamada “guerra contra el narco”, anunciada el 10 de diciembre del 2006 por el entonces recién estrenado presidente Felipe Calderón. El trágico e indescriptible dolor infligido sobre todo a las mayorías populares de aquel país, vigente y creciente, tuvo como su principal detonante dicha declaración oficial a la que le siguieron las acciones militares represivas y de combate que impulsó este remedo de “general”. José Luis Pardo Veiras e Íñigo Arredondo afirmaron ‒hace un año‒ que “el país que él inventó estaba sumido en una emergencia de seguridad por el poder de capos de la droga, hoy sufre los años más violentos de su historia moderna”.

En El Salvador actual, Nayib Bukele ha declarado la “guerra contra las maras”. Para ello está proyectando desde hace un muy buen rato a los militares, algunos de los cuales no son ningún dechado de pureza, nuevamente como los “salvadores de la patria”; como su “reserva moral”, igual que en el pasado. Y los está armando hasta los dientes. Además, está alejando cada vez más a la PNC de aquella novedosa y promisoria idea que le dio vida hace tres décadas. Ojalá me equivoque pero, debo decirlo, además de indignado por la ejecución de los y la integrante de la entidad policial ‒cuyos nombres espero no terminen también en el olvido‒ estoy sumamente preocupado por lo que pueda ocurrir en nuestro país más temprano que tarde. Tengo derecho a sentirlo…

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Benjamín Cuéllar
Benjamín Cuéllar
Salvadoreño. Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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