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domingo, 19 de septiembre del 2021

Independentista catalana se refugia en Ginebra y elude cita con la justicia española

La dirigente ha denunciado en diversas ocasiones que el Estado español ha vulnerado los derechos constitucionales de la sociedad catalana

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Anna Gabriel es la sexta dirigente secesionista catalana que huye de España y busca protección en el extranjero. Afincada secretamente en Ginebra, la capital suiza de los derechos humanos, respondió a preguntas cursadas durante la noche por correo electrónico. Cuatro de sus colegas separatistas que aceptaron comparecer ante el Tribunal Supremo para responder sobre el fallido intento de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre están presos desde hace más de 3 meses.

Anna Gabriel no quiere correr la misma suerte y justificó no haber concurrido este miércoles a la convocatoria ante el juez Pablo Llarena en Madrid. Explicó que decidió “no comparecer a la citación del Tribunal Supremo español por varios motivos. El primero, porqué no es el tribunal competente de acuerdo con la propia legislación española, y en este sentido hemos presentado recurso de competencia”. Y “en segundo lugar, porque no hay garantí­as de un proceso ni de un juicio justo: la investigación a cargo de la Guardia Civil no aporta ninguna prueba de los delitos que supuestamente se imputan, sino que a partir de elementos como recortes de prensa reproducen declaraciones públicas efectuadas en tanto que parlamentaria”.

Profesora de derecho nacida en 1975, diputada independentista y anticapitalista en el Parlamento de Cataluña entre octubre de 2015 y octubre de 2017 por la “Candidatura de Unidad Popular” (CUP), formación considerada de extrema izquierda, de la cual Anna Gabriel fue su portavoz, añade en cuanto a la actitud respecto a ella y su corriente polí­tica de la máxima autoridad judicial española, que “no concurren los elementos esenciales del tipo de los delitos supuestamente atribuidos como por ejemplo el uso de las armas y la violencia, cuando no ha habido ni un solo episodio de violencia por parte de independentistas en ningún momento. Aun así­, el juez y la sala de lo penal del Tribunal Supremo siguen emitiendo resoluciones basadas en los posicionamientos o creencias polí­ticas de las acusadas y en el supuesto peligro de brotes violentos para justificar su encarcelamiento”.

Sin embargo, Anna Gabriel desestima por ahora formalizar un pedido de  asilo en Suiza o en otro paí­s europeo. Sostiene que “de momento pretendemos que el proceso judicial termine en un archivo de las actuaciones, con la liberación de los presos polí­ticos y que por lo tanto no haga falta pedir asilo polí­tico en ningún paí­s”. Pero advierte que “mientras el Estado español continúe vulnerando esos (nuestros) derechos, nuestra obligación va a ser la de denunciarlo. No estamos solo  actuando en base a situaciones individuales, sino que la defensa de los  fundamentos básicos de la democracia deberí­a ser un compromiso colectivo permanente”.

De inmediato, enumera pruebas “sobre las graves vulneraciones de derechos civiles y polí­ticos que se están produciendo en Cataluña y en el estado español desde el pasado mes de septiembre en el marco de las operaciones”¦ contra el referéndum de autodeterminación”. Expone que “durante estos meses hemos podido asistir  al encarcelamiento de los portavoces de dos de las principales organizaciones civiles catalanas, además del de varios consejeros del antiguo Gobierno catalán. También han sido investigados y encausados hasta más de 900 personas más, incluyendo más de 700 alcaldes, “¦ (y) maestros, policí­as y ciudadanos diversos por el mero hecho de participar  en la votación del Referéndum que tuvo lugar el primero de octubre. Especialmente grave es la situación en la que se encuentran los profesionales de los medios de comunicación que han recibido más de 140 agresiones por parte de manifestantes de la extrema derecha españolista”. Deduce que “a nuestro entender, lo que deberí­a estar bajo investigación no es la actividad polí­tica de cargos electos que representan a la voluntad popular, sino la actuación del poder ejecutivo  y del poder judicial españoles delante de un conflicto de carácter netamente polí­tico”.

Dicho conflicto, a ojos de Anna Gabriel, trae  acarreado que “no sólo estamos ante el encarcelamiento de dirigentes catalanes, sino ante una situación en la que la suspensión de derechos civiles y democráticos fundamentales afecta al conjunto de la sociedad catalana. El Estado español ha emprendido un camino de represión polí­tica no sólo contra el independentismo, sino contra el conjunto del tejido democrático catalán, favorable a un referéndum de autodeterminación para resolver un conflicto de tipo polí­tico y democrático”.

Anna Gabriel entra en detalles y sostiene que “desde  la intervención del ejecutivo español para aplicar el artí­culo 155 de la Constitución española, deponiendo todo el gobierno y a todo el Parlamento catalanes de sus funciones, a nuestro entender (es) una medida también ilegal de acuerdo con su propio ordenamiento jurí­dico, la  situación de la autonomí­a catalana no es sólo censurable para el soberanismo, sino también para cualquier formación polí­tica democrática”.

La ex diputada critica sin piedad al “Tribunal Constitucional (que) ya no sólo prohibe, anula o suspende leyes de todo tipo aprobadas por amplias mayorí­as del Parlamento Catalán, sinó que le impide incluso elegir al Presidente y al Gobierno de acuerdo con los resultados de unas elecciones que convocó el Gobierno español para que las ganara el constitucionalismo, en palabras de su propia ministra de defensa, Marí­a Dolores de Cospedal”.

Anna Gabriel concluye que, “por todo ello (ahora) en Cataluña se está dirimiendo una apuesta o bien  por un estado centralizado con derechos polí­ticos, civiles y sociales suspendidos e ideologí­as perseguidas, u otro proyecto polí­tico de recuperación de derechos polí­ticos, cí­vicos y sociales fundamentales. Para nosotros, este proyecto de recuperación de derechos, es un proyecto  de recuperación de soberaní­as que pasa por la construcción de una nueva  república inclusiva y abierta al resto de pueblos del mundo. No es una lucha particular, sino que tenemos mucho en común, con otros pueblos de Europa y del mundo”.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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