La Alcaldía de Ilopango y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) demandan al Presidente de la República, Nayib Bukele, la aplicación y ampliación de proyectos de mitigación ante el impacto de la erosión y del deterioro de decenas de cárcavas en las zonas urbanas.
“Tenemos la oportunidad también de ser intermediadores. Tenemos la facultad de hacerlo. Hoy lo que queremos es poner nuestros oficios para que la administración del señor Nayib Bukele para que acceda y que pueda darle una solución a la población de Ilopango, en su conjunto, de manera integral”, manifestó Apolonio Tobar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Pocos Recursos para un Problema Millonario
La Alcaldía municipal hace un recuento de 36 cárcavas al interior del municipio de Ilopango. El edil de la localidad, Adán Perdomo, señala que las cárcavas de mayor impácto transcurrido y riesgo latente para la infraestructura y la topografía son las de la “Residencial Santa Lucía, la del Reparto, las Cañas y la de la Colonia la Sima en San Bartólo; y, por supuesto, las comunidades aledañas como la Rafaela Gutiérrez acá en Ilopango, la Diez de Octubre, Santo Eduviges, Monte Cristo y la Belén Elim”.
Ante las reiteradas demandas de los habitantes expresadas por la afectación de sus comunidades, Perdomo aclara que a la alcaldía no le corresponde la ejecución de obras de mitigación de desastres.
“Ni la Procuraduría ni la Alcaldía tenemos los recursos necesarios para poder darle obras de mitigación al municipio de Ilopango. En su totalidad, es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas”, manifestó Perdomo.
En efecto, la alcaldía destaca un reducción de sus ingresos como el principal impacto tras la aplicación de medidas sanitarias para el combate de la Pandemia del COVID-19.
“Se contabilizaba que para hacer obras de mitigación en, por lo menos, al rededor de 20 cárcavas se necesitan más de $100 millones de dólares, sólo en el municipio de Ilopango”, estableció el alcalde.
El monto de los ingresos y egresos de 2019 era de $10.948.854,61 millones de dólares. A la fecha, los ingresos de la alcaldía ha sido de $4.8 millones de dólares, según lo manifestó el alcalde:
“Entonces, $11 millones fueron los que se recaudaron en el 2019; hasta éste fecha, la alcaldía municipal ha recaudado solamente $4.5 millones de dólares. Por lo tanto, hemos perdido casi el 60% por el tema de la pandemia”, detalló Perdomo.
Para la resolución de los problemas sobre los daños en la topografía y su impacto en las zonas habitadas, el comité de cárcavas manifestó que ha ejecutado al menos $15 millones de dólares al congreso para atender las cárcavas del municipio.
Asimismo “solicitamos a la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario de $15 millones de dólares para poder atender la mayoría de cárcavas en el municipio; entre ellos, también, el del Reparto Las Cañas… el de la Colonia La Cima, la Gutierrez; asimismo, Las Brisas; y Las Lilas, entre otras”, manifestó el alcalde.
Por otra parte, el Parlamento Legislativo validó el aporte y la donación de $26.007,952,72 millones de dólares del Banco “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW) del Gobierno de Alemania, tras la ratificación del Decreto Legislativo N.º 656.
De éste monto, el artículo 2 de dicho decreto establece al menos $2,088,000.00 de dólares son asignados al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP) en el municipio de Ilopango, “para ayudar a mitigar el problema de las cárcavas, deslaves y destrucción de viviendas, a la vez que se solidarizaron con la población afectada”.
El documento también establece una asignación de $414,454,62 dólares, ejecutados por el MOP, para la elaboración de Obras destinadas al control de inundaciones en las zonas afectadas de la Colonia Santa Lucía. Ilopángo.
“El gobierno central tiene que ver la forma de ver cómo se acerca y trabaja en conjunto la alcaldía municipal y el gobierno central para poder resolver en conjunto los diferentes problemas de cárcavas en el municipio de Ilopango”, estableció Perdomo.
VEA: DECRETO 656 SOBRE EL PRÉSTAMO DE KFW
Sin embargo, el ejecutivo dio sus observaciones respecto al decreto N.º 656, expresando su desacuerdo en la validación del artículo 2, porque “los proyectos comprendidos en e! decreto en referencia no todos corresponden al área de influencia deI programa (Área Metropolitana de San Salvador), ni son parte de los Municipios priorizados (San Sa[vador, Soyapango e llopango)".
También expresó su desacuerdo debido a que “la mayoría de proyectos propuestos por la Asamblea Legislativa, los tales carecen de un estudio de pre inversión que sustentan los montos y el alcance”; y que “no se sabe si todo ello haya sido socializado con el KfW, por constituir el Organismo Internacional con el que suscribió el susodicho Contrato de Préstamo”.
Ante la afectación progresiva en la topografía en zonas de cárcavas sobre los territorios habitados, la Alcaldía de Ilopango y la PDDH hicieron una demanda conjunta al Órgano Ejecutivo, para que éste aporte una solución a la problemática de manera “integral” en el abordaje de proyectos urbanísticos y de mitigación.
Denuncian Afectación a Derechos Humanos en contra de los habitantes de la zona
La PDDH, por su parte, reconoció que el impacto de las cárcavas sobre los hogares, de las comunidades afectadas, ha obligado a los pobladores a desplazarse a zonas más seguras. Denominó, asimismo, a la problemática como “Cárcavas que Destruyen Sueños”, en la apertura de su expediente, según lo expresó el procurador en una conferencia de prensa en la Colonia Santa Lucía, Ilopango.
Miembros del Comité de Cárcavas de la Alcaldía confirman el daño en las condiciones topográficas y aportan sus testimonios a éste medio: “En el lugar nuestro, que se llama Brisas de San Bartolo, hay una cárcava dónde ya se fue una casa. Están para irse, de aquí a noviembre y ojalá no vaya a pasar, se pueden ir cuatro más. Al irse esas cuatro casa se iría la única calle vehicular que tenemos, en la entrada de Brisas de San Bartolo, La Esperanza, contiguo a la autopista”.
En su demanda conjunta con la Alcaldía, el procurador denunció que “las Obra de Mitigación que está generando el Ministerio de Obras Públicas han generado conflicto. Y eso es peligroso. Y por eso también hemos venido. Porque se puede visualizar, a corto tiempo, es la afectación a Derechos Humanos entre ciudadanos, provocados por la actividad gubernamental".
“Recomiendo, en mi calidad de Procurador, que atienda los llamados de esta población, promoviéndoles una solución efectiva, duradera y definitiva. Que no conlleve a posibles afectaciones o conflictos entre ciudadanos”, dijo el Procurador al Ejecutivo.
