Varias alcaldías salvadoreñas serán denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos hallazgos de malversación de fondos públicos durante la emergencia de la COVID-19, según manifestó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El valor total por el cual Zelaya interpondrá el aviso ante el Ministerio Público, es por más de US$26 millones.
El titular de esta cartera de Estado explicó que, al revisar los US$191.7 millones que la Asamblea Legislativa anterior asignó a las alcaldías de todo el país para que fueran usados en la atención a la emergencia provocada por la COVID-19, se han detectado una serie de gastos que no corresponden a lo establecido como atención a la emergencia y, también, una serie de gastos que no han sido documentados.
Hasta el momento, según el ministro Zelaya, el Ministerio de Hacienda ha revisado los gastos usados por 66 municipalidades, en las cuales se han encontrado anomalías e irregularidades que ascienden a US$24,926,000 en gastos que no aplican a los destinos y otros US$2,741,000 que no han sido debidamente documentados.
“De las 66 terminadas hasta el momento, se les transfirieron $64,365,000 de los cuales hemos identificados que hay gastos que no aplican a los decretos de emergencias y fueron ejecutados en otros destinos, por $24,926,000 y hay salidas de fondos no documentadas. Ese tipo de hallazgo es por US$2,741,000”, señaló Zelaya.
El ministro fue enfático en señalar que el Ministerio de Hacienda fue facultado por la actual Asamblea Legislativa para realizar la auditoría de dichos fondos a fin de verificar el manejo que se realizaron de estos fondos públicos asignados para la atención de la pandemia.
“El decreto legislativo nos da un mandato a nosotros de que una vez terminado el mandato y el informe final, este debía ser remitido a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República (FGR) en aquellos casos en que se sospeche que existe el delito de tipo penal. En este caso, en aquellos destinos que no están documentados, que podrían considerarse como peculado. Los destinos que no estaban contemplados en los decretos podrían ser malversación de fondos”, dijo el funcionario.
El ministro aseguró que estas irregularidades serán presentadas ante la Fiscalía para que se tomen las medidas adecuadas por los presuntos cometimientos de delitos como peculado o malversación de fondos. Además, señaló que se continúa con la auditoría en las administraciones municipalidades restantes.
Dentro de las alcaldías que han presentado irregularidades en el manejo de estos fondos para emergencias por la pandemia de la COVID-19 está la alcaldía de Santa Tecla, la cual presenta anomalías en $907,000. También están la de San Salvador, con $1,235,000 usados de forma irregular, la de Santa Ana donde se detectaron irregularidades por $900,000, así como también las de Coatepeque, con más de $1 millón usados de forma inapropiada y la de Acajutla, donde se han encontrados hasta $900,000 gastados sin documentación alguna.
En el caso de alcaldías como Chalchuapa, existen irregularidades de $904,000 usados para propósitos ajenos a la emergencia, los cuales se suman a otros $26,000 que no han sido documentados. Este mismo caso se presenta en administraciones municipales como las de Armenia, con $400,000 usados para otros fines y $382,000 no documentados.
Zelaya explicó que muchas alcaldías usaron fondos asignados a la emergencia para gastos para la campaña de las elecciones de 2021, así como también para pagos a proveedores, financiamiento para fiestas patronales, pagos de planillas, entre otras. De igual forma, el ministro señaló que algunas administraciones municipales trasladaron los fondos de emergencias por COVID-19 a sus propias cuentas, mientras que otras han gastado fondos sin presentar justificación del uso de ese dinero.
Los avisos que presente la Fiscalía se unirán a los interpuestos el pasado lunes por la Corte de Cuentas de la República (CCR), en los cuales se señalaba a nueve alcaldías de haber malversado fondos asignados para la atención de emergencias provocadas por la COVID-19, los cuales sumaron hasta $7 millones.
