Al llamado de la iglesia católica para impulsar una Ley de Reconciliación Nacional y la justicia restaurativa se ha sumado la postura del Ejecutivo. En el marco del vigésimo quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el presidente Salvador Sánchez Cerén, anunció que sometería a discusión del parlamento salvadoreño un anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional.
Esta ley ha sido diseñada, según el mandatario, por los familiares de las víctimas del conflicto armado y orientada a resarcir y reparar a las víctimas.
Sánchez Cerén aseguró que la haría llegar lo más pronto posible a las instancias correspondientes para que se discuta y debata cómo reparar a las víctimas, cómo conocer la verdad y cómo hacer justicia. Sin embargo, a casi dos meses del anunció el anteproyecto aún no ha aterrizado a la asamblea.
Durante los últimos años han aflorado las demandas para determinar responsabilidad de fuerzas paramilitares como de la guerrilla salvadoreña, sobre esto Benjamín Cuéllar, también especialista en derechos humanos ha alertado que ojalá no se pretendan utilizar los casos para fines políticos y electorales o cómo la “salvación” de victimarios de uno y otro bando.
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Cuéllar ha enfatizado en entrevistas y artículos de opinión sobre la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. La única salida para este cometido, a su juicio, es conocer la verdad y recuperar la historia.
El pasado ocho de febrero, el movimiento "Victimas del Terrorismo", solicitó al ministerio Público que investigue a varios dirigentes del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por el uso de minas y el "reclutamiento" de niños durante la pasada guerra civil.
Entre los nombres de la lista figuran el actual presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente Oscar Ortiz, al excomandante Joaquín Villalobos y a los diputados del FMLN, Nidia Díaz, Lorena Peña y Medardo González que ocuparon puestos directivos durante el conflicto.
El colectivo que asegura promover la defensa de la libertad y los derechos humanos en El Salvador solicita investigar por el uso de minas y el reclutamiento de menores durante el pasado conflicto armado señalando como responsables a las cinco comandancias del FMLN.
En octubre de 2016, también un grupo de familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos en los años previos y durante la guerra denunciaron ante la Fiscalía cinco casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidos a los cuerpos de seguridad.
Es una de las primeras denuncias de este tipo que surgen desde la anulación de la ley de olvido, no obstante, entidades como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) han acompañado unas 80 en los últimos años.
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Según los demandantes se está pidiendo “la investigación de los hechos, esclarecer quienes fueron sus actores materiales e intelectuales” y la “reparación”, “pero se debe aclarar que las víctimas en ningún momento están buscando venganza”.
El 16 de enero de 1992, el gobierno y la guerrilla suscribieron los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de una guerra civil que dejó un saldo de 76 mil muertos y 12 mil desaparecidos.
Según la Comisión de la Verdad registró más de 22 mil denuncias de hechos graves ocurridos de enero de 1980 a julio de 1991. Los testimonios atribuyen casi 85% de los casos a los agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados a éstos y a los escuadrones de la muerte.
Con un nuevo conflicto social encima, El Salvador debe dar respuesta a los rezagos de uno que nunca concluyó al dejar pendientes la reparación de las víctimas y del tejido social. Que si la fórmula es una nueva ley o una forma alternativa de justicia, es lo que debe averiguar antes de que la impunidad continúe ganando la batalla.
