Cuando un grupo de “analistas” comentaba en una cobertura televisiva sobre los resultados de las elecciones presidenciales desarrolladas en el transcurso del día 3 de febrero del corriente año, al referirse a la gobernabilidad del país, exponían sus ideas que no siempre reflejan los cambios que tiene nuestra sociedad , analizaban con los esquemas tradicionales el manejo político de intereses sectoriales, empresariales y/o de los grupos que lideran los partidos políticos, tenidos como mayoritarios en nuestro país y que lamentablemente no han sido ética ni moralmente lo más conveniente para el común de la ciudadanía en el país.
También es sus alocuciones decían que quien gano para conducir el ejecutivo, no tenía ni la Corte de Cuentas ni la Fiscalía, ni otras dependencias del Estado y que la Asamblea Legislativa la mayoría de diputaciones pertenecían a los partidos otrora mayoritarios, y que eso sería un obstáculo para la gobernabilidad, posiblemente estaban pensando en las acostumbradas reparticiones de cargos que los partidos políticos suelen hacer, quizás los señores analistas olvidan que las diversas funciones del Estado no pertenecen a nadie en particular, son instituciones con funciones especificas por mandato constitucional y que la responsabilidad y obligación del funcionariado de dichas instituciones, es cumplir eficientemente las obligaciones que devienen del cargo en forma independientemente, es por eso que es necesario que los que dirigen: la Fiscalía, la Corte de Cuentas, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias estatales sean personas sin compromisos partidarios, porque lo que tienen y deben hacer es desempeñarse siempre buscando el bien común para los integrantes de la República.
Mal harían si trabajan a desgano o si obstaculizan el trabajo del Ejecutivo por razones de antipatías partidarias, los costos de tales acciones no solo serian para la presidencia y los ministerios, seria para toda la población y un obstáculo para el desarrollo del país.
En cuanto a la Asamblea Legislativa, quienes la integran, jamás, deben olvidar que “representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan” Art. 125 de nuestra Constitución.
La ciudadanía debemos estar pendientes de la actuación del funcionariado en general incluidos los diputados para tener en cuenta su desempeño en futuras elecciones.
El manejo transparente de los fondos públicos debe ser la constante en las diversas instancias en que se maneja dineros públicos, para evitar mal manejo y actividades corruptas que empobrecen constantemente los fondos del Estado; los dineros de nuestros impuestos deben ser administrados lo mejor posible y no ser utilizado para el pago de favores en aparentes cargos que no hacen nada o casi nada para justificar el salario que les otorgan.
El nuevo gobierno debe y tiene que respetar la institucionalidad, porque precisamente ella es la garantía de su gobernabilidad y el asidero de sus decisiones. No debe haber persona, natural y/o jurídica, que este fuera de la Ley de la República y si las leyes se irrespetan, quien o quienes lo hagan deberán responder por sus acciones ante los tribunales competentes y ante el control de la ciudadana que debe permanecer atenta a las decisiones y acciones que se tomen, en base al mandato que la población, por el momento, les ha confiado.
Nuestro deseo es que cambiemos para mejorar y para que realmente se respete la dignidad de la persona humana sin sesgos impuestos en razón de cualquier diferencia.
