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viernes, 30 de julio del 2021

Hablando de gobernabilidad

Cuando un grupo de “analistas” comentaba en una cobertura televisiva  sobre los resultados de las elecciones presidenciales desarrolladas en el transcurso del dí­a 3 de febrero del corriente año, al referirse  a la gobernabilidad del paí­s, exponí­an sus ideas que no siempre  reflejan  los cambios que tiene nuestra sociedad , analizaban con los esquemas tradicionales el manejo polí­tico de intereses sectoriales, empresariales y/o de los grupos que lideran los partidos polí­ticos,  tenidos como mayoritarios en nuestro paí­s  y que lamentablemente no han sido ética ni moralmente lo más conveniente para el común de  la ciudadaní­a en el paí­s.

También es sus alocuciones decí­an que quien gano para conducir el ejecutivo, no tení­a ni la Corte de Cuentas ni la Fiscalí­a, ni otras dependencias del Estado y que la Asamblea Legislativa la mayorí­a de diputaciones pertenecí­an a los partidos otrora mayoritarios, y que eso serí­a un obstáculo para la gobernabilidad, posiblemente estaban pensando en las acostumbradas reparticiones de cargos que los partidos polí­ticos suelen hacer, quizás los señores analistas olvidan que las diversas funciones  del Estado no pertenecen a nadie en particular, son instituciones  con funciones especificas  por mandato constitucional y que la responsabilidad y obligación del funcionariado de dichas instituciones, es cumplir eficientemente las obligaciones que devienen del cargo  en forma independientemente,  es por eso que es necesario que los que dirigen: la Fiscalí­a, la Corte de Cuentas, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias estatales sean personas sin compromisos partidarios, porque lo que tienen y deben hacer es desempeñarse siempre buscando el bien común para los integrantes de la República.

Mal  harí­an si trabajan a desgano o si obstaculizan el trabajo del Ejecutivo por razones de antipatí­as partidarias, los costos de tales acciones no solo serian para la presidencia y los ministerios, seria para toda la población y un obstáculo para el desarrollo del paí­s.

En cuanto a la Asamblea Legislativa, quienes la integran, jamás, deben olvidar  que “representan al pueblo entero y no están ligados  por ningún mandato imperativo, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan” Art. 125 de nuestra Constitución.  

La ciudadaní­a debemos estar pendientes de la actuación del funcionariado en general  incluidos los diputados para tener en cuenta su desempeño en futuras elecciones.

El manejo transparente de los fondos públicos debe ser la constante en las diversas instancias en que se maneja dineros públicos, para evitar mal manejo y actividades corruptas  que empobrecen constantemente los fondos del Estado; los dineros de nuestros impuestos deben ser administrados lo mejor posible y no ser utilizado para el pago de favores en aparentes cargos  que no hacen  nada o casi nada para justificar el salario que les otorgan.

El nuevo gobierno debe y tiene que respetar la institucionalidad, porque precisamente ella es la garantí­a de su gobernabilidad y el asidero de sus decisiones. No debe haber persona, natural y/o jurí­dica, que este fuera de la Ley de la República y si las leyes se irrespetan, quien o quienes lo hagan deberán responder por sus acciones  ante los tribunales competentes y ante el control de la ciudadana que debe permanecer atenta a las decisiones y acciones que se tomen,  en base al mandato que  la población, por el momento, les ha confiado.

Nuestro deseo es que cambiemos para mejorar y para que realmente se respete la dignidad de la persona humana sin sesgos impuestos en razón de cualquier diferencia.

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