Rodrigo Borja, expresidente socialdemócrata de Ecuador, en su “Enciclopedia de la política” define al estadista como aquel “gobernante serio y eficaz, que domina las ciencias políticas y además el arte de conducir a los pueblos. Es el teórico y práctico del poder”. “No todo político ‒asegura‒ es o puede ser estadista”. Para el exrector de la panameña Universidad Santa María La Antigua, Carlos Alberto Voloj Pereira, el estadista realiza el sueño de quienes lo eligieron: “Vivir en paz, en salud y en prosperidad permanente”. “Se puede aprender a ser estadista ‒afirma‒ si el político estudia arduamente y se determina a ser disciplinado, a tener independencia política y a resistir las tentaciones de atracar al erario y los bienes del Estado”. El estadista, agrega, evita “asociarse con personas inescrupulosas y solapadas porque sabe que le hacen daño a su imagen y a sus nobles propósitos de trabajar para el país”.
En El Salvador, no aspiraríamos a tanto; no por creer que no merezcamos alguien de ese talante, sino por saber que el actual inquilino de Casa Presidencial ni siquiera alcanza a tener la estatura de presidente. ¿Por qué hacer tan temeraria afirmación?, preguntarán por ahí. Pues por algo fundamental. Más allá de incumplir varias de sus atribuciones y obligaciones establecidas en el artículo 168 de nuestra carta magna, hay una contemplada en el cuarto ordinal de este que ‒con su permanente proceder‒ la está dinamitando; se trata de su deber de “[p]rocurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad”.
Sus tuits de odio han inundado la política del país y las consecuencias negativas de los mismos saltan a la vista. Iba a decir sus discursos pero son tan escasos aunque, igualmente, nocivos para la buena salud nacional. ¿Por qué hablar del daño actual a la política en el país? Pues porque lo que existe entre partidos y funcionarios no pasa de ser politiquería electorera barata. En cambio, por definición, la política es la actividad que desarrollan tanto quienes ocupan un cargo en la administración estatal como la ciudadanía con su participación en asuntos públicos dentro de los ámbitos nacional y local, ya sea ‒por ejemplo‒ emitiendo sus opiniones al respecto, eligiendo a sus gobernantes o ejerciendo contraloría social. Pero de eso, hoy vemos cada vez menos
Ante la ligereza con la que se pronuncia Nayib Bukele en tantos temas, casi en todos, hemos visto este escenario: subalternos agachando la cabeza y bastante gente celebrando sus ocurrencias. Ese cuadro fue superado el domingo recién pasado cuando, fruto de todo lo anterior, asesinaron a Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada. Hubo también personas heridas por arma de fuego. La noticia de este atentado terrorista, se ha regado como pólvora dentro y fuera del país; por ello, no es necesario abundar en las circunstancias en que ocurrió. Pero sí son abundantes sus condenas por parte del cuerpo diplomático acá acreditado, de Naciones Unidas y de muchas entidades y personalidades más.
Pero, ¿por qué hablar de atentado terrorista? Porque no sería extraño que alguna mente enfermiza, de las varias que hay en el entorno del mandatario, haya pretendido así sembrar terror entre los simpatizantes de la oposición y entre quienes se han desencantado con su gestión; ello, en función de desalentar su participación en las elecciones del cercano domingo 28 de febrero. Acordémonos que el estadista no se junta con chusma inescrupulosa y solapada que daña su imagen. Pero ya se dijo: Bukele no es para nada un estadista. Por eso está rodeado de ciertos personajes indeseables e impresentables; por eso reacciona echándole la culpa a los “partidos moribundos”, así los llamó, de supuestos autoatentados. Un estadista no procedería así; un estadista lo haría lamentando la muerte de esas personas, solidarizándose con sus familias, exigiendo una exhaustiva investigación fiscal e instruyendo a la corporación policial para que no obstaculice la labor del Ministerio Público.
No digo que Bukele haya ordenado el atentado, como tampoco dije nunca que Alfredo Cristiani ordenó la masacre en la universidad jesuita hace más de treinta años; a Cristiani siempre lo señalé como encubridor de primer nivel, para evitar llegar hasta sus autores intelectuales. Pero tampoco acepto que salten ciertos plumíferos, asegurando que el menos interesado en que se cometan este tipo de crímenes es el partido en el Gobierno y que sus réditos son solo para el partido al cual pertenecían o con el que simpatizaban las víctimas. Conozco muy bien el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y este tipo de declaraciones me recuerdan las que dio monseñor Romeo Tovar Astorga cuando, siendo integrante de la comisión presidencial enviada al exterior a “explicar” lo ocurrido, ocupó argumentos similares para responsabilizar entonces a la insurgencia de tal atrocidad.
Por eso, ahora que la moda gubernamental imperante es negar o anunciar nuevas guerras, vale recordar al gran Monsiváis: “Si no se da la batalla cultural, se puede perder la batalla política”, dijo. Agréguenle, también que debe darse con todo la batalla de la memoria histórica.
