Autoridades guatemaltecas catalogaron este lunes a las pandillas como su mayor amenaza en materia de seguridad para 2018 y lanzaron un llamado al Legislativo para conocer y aprobar una iniciativa para reformar el Código Penal a fin de que se les tipifique de terroristas.
"Lo principal son los hechos cometidos por los miembros de las maras y pandillas", dijo el secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, al anunciar que este mismo día se haría pública la "Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas 2018", un instrumento para coordinar y armonizar prioridades.
Esta Agenda "nos permite darle mayor énfasis a aquellas amenazas que más nos afectan como país, que más afectan a nuestros ciudadanos y a las que necesitamos darle una atención priorizada", dijo Duarte en conferencia de prensa.
En tanto, el recién nombrado ministro guatemalteco de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, pidió públicamente al Congreso Nacional una audiencia para exponer la urgencia de que se declare a las maras Salvatrucha y 18 como "organizaciones terroristas".
Degenhart, quien asumió el cargo el viernes, dijo que espera que las autoridades del Legislativo le concedan una audiencia "rápido", para explicarles la necesidad de esta reforma al Código Penal.
Hizo ver que esta reforma "permite ampliar y abrir procesos de investigación de una manera dramática".
"Estamos sufriendo los embates de estas estructuras que tienen armamento bélico pesado", advirtió el ministro, insistiendo en su definición como "estructuras criminales terroristas".
Al mismo tiempo, la ofensiva legal considerada por las autoridades guatemaltecas pretenden que el "Gobierno amigo de Estados Unidos" catalogue a estas "estructuras terroristas como miembros de la lista de la Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC, en inglés)", de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro.
Las maras son reconocidas como uno de los mayores causantes de la violencia en el país centroamericano, que cerró el año 2017 con un total de 5.384 muertes por este causa, 3.883 de las cuales fueron provocadas por proyectiles de arma de fuego, incluyendo 479 mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Forense (INACIF).
Aunque la cifra fue más baja que la registrada en 2016 (5.459), las autoridades admiten que el lento avance de resultados no permite revertir la percepción de inseguridad de la población, especialmente frente a la extorsión, el delito de mayor incidencia en el país.
