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sábado, 31 de julio del 2021

Grave retroceso

La Sala Constitucional perpetró -la semana pasada- el más grave atentado contra el derecho ciudadano a recibir información, cometido desde que fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en marzo del año 2011.

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En su acostumbrada manera arbitraria, abusiva e ilegal de extremilitarse en sus resoluciones, la Sala estableció -en una demanda sobre viajes al exterior de un ex presidente de la República- causales adicionales para denegar información pública a la ciudadaní­a y a los medios de comunicación.

Ahora instituciones y funcionarios podrán rechazar peticiones de información porque los hechos “no fueron en su perí­odo de funciones”, “la entrega de la información tendrí­a elevados costos para el Estado”, “la información podrí­a ser utilizada para perjudicar a alguien” y otros criterios, subjetivos la mayorí­a.

Lo actuado por la Sala constituye un grave retroceso democrático. Los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentí­n Meléndez y Sidney Blanco reforman la LAIP ví­a sentencia judicial y neutralizan el proceso de acceso a información, transparencia y rendición de cuentas que -a pesar de sus fallas e imperfecciones- es un avance significativo en el paí­s.

Así­ se desnudan los magistrados que pretendieron erigirse como paladines de la legalidad y transparencia, que quisieron dar clases de moral y ética.

Lo que hacen estos vulgares leguleyos es evitarle a ARENA la vergí¼enza de reformar o derogar la LAIP en caso de volver al Ejecutivo. El partido oligárquico serí­a incapaz de gobernar con fiscalización ciudadana y rendición de cuentas, por eso la Sala le prepara condiciones para gobernar sin transparencia y de forma corrupta, como lo hizo en el pasado.

Por eso urge una fuerte presión social que obligue a los perversos magistrados a corregir esa nefasta resolución que abre las puertas al pasado de opacidad, de corrupción y de traición a los intereses ciudadanos.

La ruta que el paí­s debe seguir no es el que propone la Sala Constitucional, sino en sentido contrario: se debe profundizar la transparencia en el Estado y promover la transpanrencia también en los partidos polí­ticos, empresas privadas, organizaciones sociales, medios de comunicación y demás esferas de la sociedad.

Por eso es necesario que -a las expresiones de protesta de FESPAD, ISD, OGA, Secretarí­a de Transparencia y del propio Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)- se sumen las demás instituciones, organizaciones y sectores sociales honrados, honestos y probos.

Hay que revertir esta vejación de la Sala: este nuevo abuso de cuatro magistrados que quieren que el paí­s retroceda y vuelva al pasado de intransparencia, oscurantismo y corrupción.

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Leonel Herrera
Columnista Contrapunto
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