Una solicitud de información ante la Federación Salvadoreña de Fútbol, FESFUT, establece un precedente sobre el manejo de fondos públicos.
Un periodista pidió a los jerarcas del fútbol detalles de los contratos de derechos televisivos y de comercialización de la selección nacional mayor firmados con dos empresas extranjeras; así como copias de las actas de reuniones entre los años 2014 al actual. Los federativos se negaron a entregar datos sobre los contratos y las actas, bajo el argumento de que son privados, y que ellos no son funcionarios públicos; lo que motivó un proceso sancionatorio ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. IAIP.
Este resolvió que los documentos solicitados son de carácter público, porque el Estado brinda los recursos ($ 550 mil anuales vía Instituto Nacional de los Deportes, INDES), Ordenó que entregara la información. La Federación no acató, una falta grave, por lo que se le impuso a los siete miembros del Consejo pagar en conjunto 63 mil 876 dólares, establecidas en el artículo 76, literal C, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
“Se ha violado sistemáticamente no solo el derecho de acceso a la información del demandante, sino el de toda la población salvadoreña, que tiene derecho legítimo de conocer sobre las condiciones de transmisión televisiva y comercialización que involucren a la selección mayor de fútbol, ya que esta representa al país en competencias de carácter internacional, ya sea oficial o por invitación dentro o fuera del territorio nacional, por lo que es de interés social por ende, de gran importancia indagar los términos en que se negocian aspectos relevantes de los seleccionados nacionales que representan el nombre de nuestro país”, reza la resolución definitiva, la 37-D-2018 del pasado 11 de diciembre.
En el 2016 el ente rector del fútbol también negó acceso a los contratos firmados con otras empresas, siempre sobre derechos de transmisión de la selección de fútbol. Un año antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que al menos cuatro dirigentes del fútbol local habían sido parte de una red internacional de sobornos para beneficiar a empresas con la venta de esas licencias.
Otras sombra fue lo que el caló popular llamó ” amaños” luego que en septiembre de 2013 la FESFUT sancionara a más de una veintena de jugadores por su presunta participación para alterar resultados de la selección nacional mayor. 14 fueron castigados de por vida y 11 fueron acusados judicialmente por la Fiscalía General en 2015; pero no existía entonces esa figura como delito, sino hasta marzo de 2016 cuando los diputados establecieron en el artículo 218-A del Código Penal que comete fraude deportivo “el que solicite un pago con el objeto de alterar un resultado deportivo”.
Las federaciones de tiro y taekwondo también han negado información pública, práctica que se extiende a otras instituciones. Hasta septiembre, el IAIP registró denuncias contra 119 instituciones públicas. Con 14 cada una, las más demandadas son el Banco Central de Reserva y la Asamblea Legislativa, seguidas por la Dirección General de Centros Penales, Policía Nacional Civil y Corte Suprema de Justicia.
La resolución del IAIP sobre la FESFUT marca un precedente sobre transparencia y el derecho de acceso a la información. Se ha roto un blindaje artificial bajo el argumento de que son asuntos privados, no son funcionarios obligados a rendir cuentas, o no existe información. Es un gol al secretismo que también debe ser anotado en otras porterías.
