El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que han liberado a 168 personas que capturaron injustamente durante el Estado de Excepción, el que fue emitido el 27 de marzo por la Asamblea legislativa por órdenes del Ejecutivo, para contener un repunte de homicidios a escala nacional.
“La fiscalía, con toda la información, logró identificar que 168 de todos los detenidos no tenían vinculación a pandillas y fueron puestos en libertad”, detalló.
El titular de Seguridad reconoció que la Fiscalía no encontró vinculación entre estos detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, por lo que el Ministerio Público ordenó ponerlos en libertad.
Hasta la noche de este domingo, Seguridad contabilizaba más de 26,000 capturas de presuntos miembros de estructuras criminales; siendo un promedio de 500 detenciones diarias.
De estos, 23,311 son hombres y 3,444 son mujeres, el grupo etario de 18 a 30 años es el que refleja mayor porcentaje de detenciones.
Comunidades y organizaciones han denunciado que agentes policiales tienen una «cuota» de detenidos que deben realizar, por lo que aseguran que hay capturas arbitrarias; llevando a interponer recursos de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional y más de 300 denuncias en asociaciones de derechos humanos.
“Son situaciones que se van analizando día con día, mantenemos un ritmo de capturas; naturalmente, vamos a llegar hasta que tengamos un buen número de integrantes (pandillas) tras las rejas”, subrayó el ministro.
Agregó que “de los primeros 15 días para acá (del segundo Régimen de Excepción), hemos venido teniendo un gran apoyo de parte de las comunidades”.
De los 26,755 detenidos, unos 15,000 han pasado por una audiencia de imposición de medidas y han sido enviadas a detención provisional por orden de un juez.
“A este momento, la Fiscalía contabiliza más de 300 audiencias de imposición de medidas, sobrepasando los 15 mil detenidos que ya están en una detención ordenada por un juez”, explicó Villatoro.
Estas cifras revelan que, al menos entre las personas que ya atravesaron una audiencia inicial, un 1.12 % fueron capturadas por “error” de policías y militares.
Mientras, familiares de detenidos se mantienen a las afueras del penal de Izalco, en Sonsonate, donde son llevadas las personas privadas de libertad, a la espera de que sean liberados.
Mientras tanto, siete personas que estaban detenidas en el referido penal han fallecido. Los primeros cuatro fueron un joven músico, un motorista, un desempleado y otro dedicado a oficios varios. Al primero de ellos es Elvis Josué Sánchez Rivera, a quien no se le practicó autopsia por parte de las autoridades. Forenses internacionales creen que su muerte es sospechosa por la ausencia de la autopsia y porque “parece haber múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de libertad”.
Durante un procedimiento normal, una persona es informada al momento de la captura del delito que se le atribuye, la Fiscalía presenta un requerimiento formal con el delito y enfrenta una audiencia inicial en la que un juzgado dictamina si hay pruebas suficientes para que continúe el proceso -ya sea en libertad o prisión provisional- o no hay suficientes elementos y la persona queda libre.
Sin embargo, durante el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas solicitadas por el Ejecutivo para modificar el tiempo en que una persona puede permanecer detenida mientras es procesada y que no se pueda dictar medidas sustitutivas a la detención a todas las personas señaladas de un delito relativo a pandillas o a desórdenes públicos.
De las miles de capturas de supuestos pandilleros que afirma el Gobierno, solamente se reportan 541 armas decomisadas, esto equivale al 2 % del total de capturas, si se comparan ambas cifras.
Por otro lado, se reportan 649 vehículos decomisados, 108 más que las armas.
Entre estos hay 381 automóviles, 216 motocicletas, 17 camiones, 14 mototaxis, 9 microbuses, 8 cabezales, 2 pick up, 2 camiones de volteo y un remolque.
Villatoro aseguró que estos vehículos decomisados a los detenidos serán usados por la Policía y la Fuerza Armada, pues aseguró que se le da la facultad al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) para su uso y desde la semana pasada empezaron a asignarlos.
Por otra parte, las autoridades han incautado en los operativos cocaína, crack, marihuana y metanfetaminas. Durante la entrevista fue presentada una tabla con las incautaciones que no muestra un consolidado total de kilos incuatados de las diferentes variedades, y en cambio lo presenta en “porciones”, las cuales hacen un total de 20,523.
La mayor cantidad de droga es la marihuana. En esta cifran 14,410 porciones. La menor es la metanfetamina, con un total de 5 gramos en 4 porciones.
En tanto, el número de teléfonos decomisados es de 5,994. Esta cifra equivale al 22 % en comparación al total de los detenidos.
