El gobierno salvadoreño diseñó una estrategia de financiamiento para responder a los desafíos por la pandemia de COVID-19 y también recolectó apoyo internacional para mantener programas sociales en marcha.
Esto se ha registrado pese a la falta de financiamiento de fondos que se encuentran en vías de aprobación en la Asamblea Legislativa.
En total, el Gobierno ha gestionado $1,404 millones entre préstamos y operaciones en el mercado de inversionistas, con solicitudes que se han enviado desde 2019.
Primero fue para el desarrollo de las fases del Plan Control Territorial, que ha dejado resultados evidentes y ha generado confianza en la población.
Después fueron los fondos para enfrentar la pandemia por COVID-19 y su impacto sobre la economía, con solicitudes que se enviaron con suficiente anticipación; algunas, desde abril.
Así, hasta este cinco de octubre de 2020, ya son $813.5 millones bloqueados por la falta de acción desde la Asamblea Legislativa. En esencia, se debe al entrampamiento que propicia el bloque que han constituido ARENA, FMLN y el diputado Rodolfo Parker.
Por lo tanto, las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, no están apegadas a la realidad.
Hay fondos que son de carácter urgente, por ejemplo: el inicio de operaciones del fideicomiso, la restitución de recursos en efectivo ante la caída de los ingresos fiscales –para agilizar transferencias como los salarios de la Asamblea Legislativa– y el apoyo a los caficultores.
Luego hay otros $15 millones que están a punto de perderse, porque los diputados se han tardado demasiado en agilizar el proceso.
Estos son fondos para Obras Públicas, como obras sostenibles de mitigación y prevención, así como fondos para programas de vivienda.
Ya los organismos multilaterales que financian los recursos, todos desde el continente europeo, han advertido que no hay mucho tiempo más para seguir retrasando.
Continuar con el proceso de autorización de ley para poder desbloquear los fondos queda bajo responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
El gobierno ha trabajado con todos los recursos disponibles, pero mientras más avanza el año, quedan menos de estos recursos. Los equipos interinstitucionales están listos para comenzar a ejecutar los programas de inmediato, una vez ya estén accesibles los fondos. La prioridad es atender a la población vulnerable y dar impulso al desarrollo económico.
