La Presidencia de la República informó este martes que acatará la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que le ordena impugnar la decisión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Nayib Bukele, para realizar una sesión extraordinaria en el Palacio Legislativo para autorizar un crédito de $109 millones, amparándose en el artículo 167, ordinal 7 de la Constitución.
La demanda de inconstitucional fue admitida el lunes e interpuesta por dos ciudadanos el 8 del presente mes en el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla.
Pese a esto, Presidencia mediante un comunicado ha justificado sus acciones al indicar que el Órgano Ejecutivo ha mostrado, en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes, como pilar fundamental del Estado Constitucional de Derecho, sin pretender con dicha convocatoria imponer la votación que le compete a la Asamblea Legislativa.
“Las medidas cautelares decretadas por la Sala podrían dificultar el efectivo trabajo de este gobierno, el cual en todo momento ha demostrado su legítima preocupación por los intereses del pueblo; sin embargo, aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, en relación a dichas medidas, acataremos la orden emanada dela Sala de lo Constitucional”, reza un extracto del comunicado.
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Esta postura fue respaldada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien descartó que haya habido irrupción a la Asamblea Legislativa de parte de Bukele, al asistir el domingo en la tarde a la sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros.
El vicemandatario explicó en una entrevista radial de México, que el ingreso del gobernante salvadoreño al Salón Azul fue pacífico, contrario a la perspectiva que han mostrado algunos sectores de la oposición política.
"No entró haciendo uso de la fuerza bruta si no que fue escoltado por personal del batallón militar", expresó Ulloa. “No hubo intromisión, ni intenciones de tomar por la fuerza el recinto legislativo”, agregó.
Pese a estas justificaciones, la Sala le prohibió a Bukele seguir convocando a la Asamblea en Consejo de Ministros, para que realice una sesión extraordinaria en el pleno para autorizar la negociación de un préstamo de $109 millones solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para seguir con la fase III del Plan Control Territorial, y cuyos fondos serán utilizados para la modernización de la Fuerza Armada y la PNC.
De igual manera, la Sala suspendió los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de dicha convocatoria.
Asimismo, le ordenó al ministro de la Defensa, Francis Monroy, y al director de la PNC; Mauricio Arriaza Chicas, que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente se les han establecido.
Por otra parte, dejó sin efecto a la demanda en lo referente a la solicitud de inconstitucionalidad del tuit mediante el cual el presidente de la República hizo un llamado a la insurrección, por no ser objeto de control constitucional directo, sin perjuicio de la valoración que posteriormente se haga del contenido.
Piden calma a la comunidad internacional
Luego que la administración de Bukele, recibiera severos llamados de atención de parte de la comunidad internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmo su estricta observancia e inexorable compromiso con la democracia, el estado de derecho, el respeto irrestricto al orden constitucional vigente, y a la independencia de poderes contemplada en la Constitución y que prevalece en el país.
Además, aclaró que la presencia de elementos del orden público durante los eventos de ese día obedeció a un propósito preventivo, con la finalidad de salvaguardar el Parlamento, así como la seguridad e integridad del pueblo salvadoreño.
