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domingo, 16 de mayo del 2021

Ginebra y Katya

Katya Miranda nació el 13 de marzo de 1990, dí­as antes de que naciera otra criatura: la esperanza de vivir en un El Salvador distinto al que, entonces, era escenario de una prolongada guerra entre los ejércitos gubernamental e insurgente. Efectivamente, en Ginebra, el 4 de abril de 1990 sus representantes firmaron el primero de seis acuerdos para terminar ‒mediante la negociación‒ su enfrentamiento armado; así­, se comprometieron a pacificar el paí­s mediante su democratización, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la “reunificación” de la sociedad.

Pero de las dos recién nacidas, ninguna alcanzó a cumplir una década de existencia. Katya fue violada y asesinada el 4 de abril de 1990, exactamente nueve años después de suscrito el mencionado pacto; la esperanza de una paz publicitada inicial y desmesuradamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde mi perspectiva murió el 20 de marzo de 1993 cuando blindaron con la amnistí­a a quienes violaron derechos humanos antes y durante el conflicto bélico.

Esa lamentable aberración, significó la renuncia del Estado salvadoreño a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia. Que la extinta guerrilla convertida en partido polí­tico no tení­a representación parlamentaria y no votó la aprobación de dicha ley, no es excusa para evadir responsabilidades; a estas alturas, resulta claro que su dirigencia soñaba con administrar la “finca” aun sabiendo que nunca llegarí­a pertenecerle. Por eso, solo del “diente al labio” pidieron en algunas ocasiones ‒estando en la Asamblea Legislativa‒ la derogatoria de esa nefasta normativa.

En realidad, sus integrantes querí­an protegerse para no ser juzgados y condenados junto con los del otro lado. Por eso no reclamaron ni exigieron cumplir algo esencial a lo que se comprometieron ambas partes en Chapultepec, cuando finalizaron su guerra el 16 de enero de 1992: superar la impunidad, llevando ante  la justicia a los perpetradores de las atrocidades ‒sin importar el bando al que pertenecieron‒ para que esta funcionara investigándolos y sancionándolos.

Eso acordaron, pero… ¡no cumplieron! No honraron su palabra y por sus mezquinos intereses electoreros atrofiaron aún más el sistema judicial interno y despreciaron los sistemas internacionales de derechos humanos. Dí­as después de aprobada, cuando todaví­a podí­a vetar la amnistí­a, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le “llamó la atención” al presidente Alfredo Cristiani y ‒en febrero de 1994‒ publicó un informe de paí­s en el cual censuró dicha ley. En julio de 1997, el secretario general de la ONU ‒Kofi Annan‒ dijo: “La celeridad con que esta ley se aprobó en la Asamblea Legislativa puso de manifiesto la falta de voluntad polí­tica de investigar y llegar a la verdad mediante medidas judiciales y castigar a los culpables”.

Parafraseando a Neruda, por tantos muertos de uno y otro lado ‒o de ninguno‒ se pidió y se pide castigo. También para los que de sangre salpicaron la patria y los verdugos que mandaron esa mortandad, para los traidores que ascendieron sobre el crimen, para quienes dieron las ordenes de agoní­a y para los que defendieron esos crí­menes… Que no nos den la mano empapada con sangre. No los queremos de embajadores ni en su casa tranquilos; los queremos ver  juzgados en esta plaza llamada El Salvador.

Pero, teniendo “la sartén por el mango”, los mayores responsables de los crí­menes más atroces ‒quienes los ordenaron‒ se arroparon con la amnistí­a y se “hermanaron” los antiguos enemigos. Por eso está el paí­s como está: secuestrado por polí­ticos facinerosos coludidos con la corrupción y otras prácticas delincuenciales, siempre bañado en sangre y marcado por el dolor, viendo morir o huir a su juventud en situación de extrema vulnerabilidad y con la esperanza por los suelos después de tantos cantos de sirena mal entonados, elección tras elección en la posguerra. Pero las viejas, feas y desgastadas sí­lfides comienzan a ser sustituidas y se escuchan nuevas cantaletas… ¡Ojo y oí­do atentos!

El Acuerdo de Ginebra y la muerte cruel de Katya cumplieron ‒este 4 de abril‒ veintiocho y diecinueve años, respectivamente. A propósito, alguien me preguntó por qué no se habí­a impartido justicia en el caso de ella. Sencillo pero indignante: porque la impunidad se entronizó para favorecer a criminales de “altos vuelos” y el camino hacia el Estado de derecho se torció. ¿Cuántos niños y niñas masacraron en El Mozote? ¿400, 500 o más? ¿Cuántos de sus verdugos han sido castigados? ¡Ninguno! Pero declarada inconstitucional la amnistí­a, se puede retomar ese camino para que ‒interpretando a Montesquieu‒ la justicia en el paí­s sea como la muerte: sin excepciones.

Benjamín Cuéllar
Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto

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