El Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) publicó un pronunciamiento en el que acusan al Gobierno de propiciar un “quiebre institucional” al permitir que el país cayera en impago. El problema, dicen, es que el Ejecutivo gasta más de lo que debe.
“A la raíz del impago no está un problema de falta de ingresos, si no de exceso de gasto corriente”, expresaron en el comunicado.
Además hacen hincapié en las advertencias que ellos hicieron anteriormente sobre el inminente riesgo de caer en déficit debido a que el Presupuesto General de la Nación de 2017 estaba incompleto.
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“Pese a todas las advertencias y llamados a la razón, el gobierno no las tomó en cuenta y no corrigió deliberadamente el P2017, prefiriendo la solución fácil de aprobarlo con mayoría simple que le permitía no negociar con la oposición política, y además, lograr el objetivo de sacar del presupuesto el pago de la deuda de CIP con los trabajadores, y presionar en el futuro para que se honrara con deuda y no con recursos propios”, aseguran.
La Fundación afirma que esta conducta tendrá “graves consecuencias para todos los salvadoreños”. Explican que para el 20 de abril se necesitaban en total $55.2 millones millones de dólares para pagar la deuda con el Fondo de Pensiones, y proyectan que para todo el año este gasto ascenderá a $220.5 millones de dólares, de los cuales el gobierno ya erogó $41.7 millones en el primer trimestre.
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Para los economistas de FUSADES, el error no consiste nada más en este aspecto, sino también en la aprobación de un presupuesto incompleto que a juicio de los analistas no respeta la Constitución.
Por ello piden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucionales los presupuestos desbalanceados e incompletos.
“Si la Sala estima procedente la inconstitucionalidad, sería un precedente útil para corregir prácticas que han llevado a desórdenes en el manejo de las finanzas públicas y que han afectado el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos”, explican.
FUSADES concluye que si no se dispone de un presupuesto transparente, este instrumento pierde valor como medio de planificación y que el Estado no podrá garantizar los servicios públicos básicos a la ciudadanía.