El expresidente de la República, Mauricio Funes, podrá rendir su declaración para la audiencia probatoria del proceso de enriquecimiento ilícito en su contra, desde la embajada de El Salvador en Nicaragua, país donde es asilado político desde septiembre de 2016, según resolvió aceptar este jueves la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro bajo la cooperación procesal internacional.
Magistradas de dicha Cámara autorizaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que dicho medio de prueba sea recabado por el funcionario consular correspondiente, en la forma que establece el art. 352 del Código Procesal Civil Mercantil.
“Se ofertó la declaración del señor Funes Cartagena para ser rendida en este tribunal, sin embargo la condición de asilado le imposibilita regresar al país, ya que dicha protección se limita únicamente al territorio de Nicaragua; pretender obligar que el demandado se apersone a este tribunal a rendir su declaración atenta contra sus derechos fundamentales y siendo que dicha prueba ya fue admitida es obligación de este tribunal agotar los medios legales posibles para integración al proceso”, expresan las magistradas en su resolución.
También previenen a la Fiscalía General de la República (FGR) y al apoderado de Funes que presenten el cuestionario de las preguntas que el demandado deberá responder, dentro del término de tres días hábiles a partir de hoy.
La resolución de la Cámara se da luego que el apoderado legal del exmandatario interpusiera un recurso de revocatoria contra la resolución pronunciada por esta cámara el 11 de enero pasado, ya que su petición fue que el tribunal permitiera tomar la declaración en la embajada de El Salvador en Nicaragua.
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Al respecto las juzgadoras consideran que se está garantizando el derecho de defensa, igualdad o equidad procesal y audiencia previa a fin de evitar que los derechos de las partes se vean afectados.
“Negarse a la práctica de un medio de prueba ofertado y admitido en el momento procesal oportuno, afecta el derecho fundamental y por ende al derecho de defensa, como parte del debido proceso”, agrega la resolución. Las magistradas sostienen que el no recibir la declaración del demandado podría generar indefensión
El exmandatario, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y Vanda Pignato, fueron demandados por el supuesto enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado de El Salvador.
El expresidente Funes (2009 -2014) fue demandado por enriquecimiento ilícito por la FGR, acatando resolución de la CSJ que resolvió declarar la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito por no justificar un incremento patrimonial por $ 552,669.
