Por Alessia Genoves
$5,567,678.42 USD en enriquecimiento ilícito implican a nueve ex-funcionarios del FMLN. El monto dinerario responde al saldo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Cuentas de la República (CCR) estiman en las irregularidades patrimoniales halladas en los depósitos bancarios, utilidades e inmuebles durante el ejercicio de su cargo en la administración pública. Los casos sobre los que se presume una mayor registro de irregularidades corresponden al del ex-titular del Centro de Ferias y Convenciones, Miguel Meléndez (Mecafé) y al del ex-presidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigifredo Reyes por cantidades respectivas de $1,868,104.39 y de $472,464.04 USD.
ContraPunto, por su parte, ha obtenido éstos resultados de las consultas periódicas a los informes de la CSJ. Algunos de los resultados de los exámenes de auditoría han trascendido al órgano judicial, que han implicado señalamientos en contra de familiares, parejas y ex-parejas de los ex-funcionarios acusados. Cabe destacar, sin embargo, que no todos los señalados han sido aún vencidos en juicio; y que, por el contrario, sólo tres han sido declarados culpables. Ésta última condición atañe a funcionarios como Mecafé, así como al ex-presidente de la República, Carlos Mauricio Funes, por $206,660.55 USD, y el ex-diputado, Benito Antonio Lara, por un monto de $109,555.87 USD.
Miguel Meléndez, Mecafé (y familia)
Mecafé ha sido sometido a la rendición de informes de su situación patrimonial, a través de la CSJ. Su situación de ingresos y gastos habría implicado, inclusive, a otros tres miembros de su familia en el flujo irregular de $3,035,337.18 USD. Ante el hallazgo, fue sometido ante la justicia, debiendo rendir explicaciones y pruebas de descargo ante la Cámara Primera de lo Civil. Siendo que Menéndez debía responder por un monto no justificado de $1,868,104.39 USD.
Sin embargo, la resolución de la cámara determinó que su núcleo familiar debía responder $2,084,742.96 dólares al Estado, ya que su origen no fue justificado. En el proceso, se habría deducido la participación de su esposa, Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, de quién correspondería un incremento patrimonial, del saldo total no justificado, por $59,760.95 USD, que se dedujeron en depósitos y préstamos bancarios irregulares. Al mismo tiempo, su hija Fátima Yanira Menéndez de Baires no pudo justificar otros $133,415.70 USD; ni su hija Andrea Vanessa Menéndez Henríquez una suma de $23,461.92 USD del monto total.
8 años de prisión se imponen contra José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador responsabilizó a Mecafé de la cometer el delito, en la ley, de casos especiales de lavado de dinero y de activos (art. 5, lit b). La materialización de la causa penal responde a la adquisición de cantidades dinerarias a través de empresas offshore; así como a la participación en la licitación irregular del “Puente San Isidro”, resultado beneficiado con la obtención de una “aeronave”.
Sigfrido Reyes (y familia)
Sigfrido Reyes ha sido imputado por el delito de enriquecimiento ilícito. “En total son $472,000.00USD los que Reyes y su familia deben regresar al Estado, los cuales malversó durante el periodo 2006-2015, cuando fue diputado propietario y presidente de la Asamblea Legislativa”, sostuvo, en su momento, la representación fiscal de la Unidad Anti-corrupción, que ventiló las acusaciones en contra del diputado en la Cámara Primera de lo Civil.
Ahora, la CSJ señala que el origen de los fondos corresponde a los adquiridos durante su labor administrativa, como diputado de la Asamblea Legislativa. Otras observaciones pueden hallarse patentes en el mismo registro de presupuesto y gastos ejecutados de la Asamblea Legislativa, que son citados en el titulado “Informe del Estado al comunicado conjunto del relator sobre la independencia de magistrados y abogados; y el relator especial promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, de enero de 2021.
Reza el informe: “La FGR determinó que los ingresos del señor Othón Sigfrido Reyes Morales y su cónyuge, presentaron un comportamiento ascendente desde el momento en que el primero fue elegido como diputado de la Asamblea Legislativa en 2006, percibiendo en ese año la cantidad $30,294.48 USD, cantidad que fue aumentado año con año, a grado tal que en 2010, al ser miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, sus ingresos alcanzaron el monto de $122,740.78 USD, manteniendo ese rango de ingreso anual hasta que en 2019, cuando dejó de ser funcionario público, bajó nuevamente al monto de $36,345.00 USD anual, lo que claramente indica el beneficio económico obtenido a través de la función pública, por medio de la modalidad de asignación de viáticos por misiones oficiales”.
El órgano judicial, por su parte, emitió sus oficios en contra de Sigfrido Reyes, una vez fueron encontradas las irregularidades en sus haberes. En el Acta No. 57 ventilada en Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con fecha del 23 de julio de 2019, se estableció que el ex-diputado tenía un saldo irregular de $373,183.09 USD en sus cuentas, mismo que fue incrementando a medida que las incidencias tuvieron lugar. Para octubre de 2020, de hecho, el monto de las irregularidades trascendía los $472,000.00 USD, El origen de los fondos no quedó constatado, por lo que las autoridades fiscales asumieron que el registro de ingresos y de gastos podría impactar sobre los intereses difusos del Estado, por lo que procedió a la Cámara Segunda de lo Civil, para interponer acusaciones por el delito de enriquecimiento ilícito.
Pero Sigfrido Reyes no actuaría sólo. De hecho, las investigaciones fiscales atribuirían a su esposa, Susi Melba Rodríguez, un monto dinerario no justificado en sus haberes, de $17,826.00 USD; mientras que su hijo, Luis Damian Reyes, tendría en sus haberes ingresos y gastos no justificados por $700.00 USD. Por otra parte, la FGR ventiló un nuevo caso ante los tribunales, para buscar el determinar la participación del ex-diputado en los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Ésta última acusación haría referencias de la primera, con el agregado de que incluye a más personas en el mismo, entre ellos, tres agentes de la CSJ y tres agentes del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), por un monto -no precisado- mayor a los $5,200,000.00 USD.
Sigfrido Reyes, sin embargo, se ausentó de los tribunales. Entretanto, la FGR procedió a la retención de inmuebles valorados en $946,950.12 USD; y cuentas bancarias más cinco depósitos a plazo fijo, que suman un monto de $414,829.24 USD. La responsabilidad civil estimada responde al período 2006-2015, tiempo durante el que fue diputado propietario y presidente de la Asamblea Legislativa. En opinión de la entidad fiscal, los procedimientos de materialización de bienes responden a indicios de su posible participación en los delitos ya referidos.
Eugenio Chicas (y familia)
$252,306 USD es el monto que individualiza a Chicas González, en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Éste dato ha sido divulgado por la FGR, en un comunicado oficial, en el detalla otras implicaciones -por el mismo delito- sobre su grupo familiar. La demanda colectiva presume irregularidades en la gestión patrimonial, por un monto total de $282,494.21 USD.
$30,188 USD también implican a terceras personas, en la adquisición irregular de fondos, dentro de su patrimonio. El saldo investigado pasó por la Sección de Probidad de la CSJ, que identifica a su ex-esposa, Ana Ramírez; su actual cónyuge, Blanca Ayala y su hijo, Carlos Chicas en las mismas causas penales, que acompañan al ex-funcionario en el proceso que se ventila en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
Blanca Ayala, por su parte, es acusada porque no pudo justificar la adquisición de $11,282 USD a su patrimonio. Su ex-esposa, por otra parte, es referida en el informe de la CSJ porque se observaron $17,826 dólares en sus haberes, que tampoco pudo justificar. Finalmente, un registro de $1,080 dólares se observó en los haberes de Carlos Chicas, sin poder justificarlo.
Lorena Peña (y familiar)
$264,143.19 USD es el monto exacto de las declaraciones patrimoniales, que la ex-diputada de la Asamblea Legislativa no ha podido justificar, ante la Cámara Primera de lo Civil. Ésta estimación respondería a dos de sus períodos como legisladora, desde el año 2012 al 2018; último en el que desempeñó el cargo de presidenta de la Asamblea Legislativa.
La ex-diputada rindió aclaraciones sobre sus declaraciones patrimoniales ante la justicia, al punto de reducir la cuantía. De modo que los $762,455.00 USD, definidos inicialmente en 26 irregularidades observadas por la CSJ, se redujeron al saldo actual, ya que la diputada logró justificar $484,972.67 USD del mismo.
Por otra parte, Lorena Peña ha compartido su versión ante la opinión pública para buscar esclarecer los detalles del proceso judicial en su contra. Indicó a éste medio que “más de la mitad” de los saldos atribuidos en su contra tendrían que ver con la administración de las actividades de la Secretaría de Cultura del FMLN. Cabe detallar que $277482.54 USD es el monto que la FGR ha controvertido en el proceso penal que imputa a Lorena Peña. Particularmente, los elementos que justifican las acusaciones de Peña se fundamenten en 8 presuntas irregularidades, divulgadas por la Cámara de lo Civil por un monto de $140,521.57 USD. El monto restante es de $136,960.97 USD, e implican en el proceso judicial a la hija de la ex-diputada, Ana Guardado Peña.
Por otra parte, la ex-diputada también cuestionó los señalamientos en contra de su hija. “Se han ensañado más conmigo que con mi hija. Esa es otra de las cosas que me llaman la atención”, dijo Lorena Peña a ContraPunto. También aseguró, en la entrevista “Las Cosas Como Son” con Josué Nathán Vaquiz (en marzo de 2023), que «Ella trabajó en el sector privado, entre un gobierno y otro. Ella salió del gobierno y trabajó con el sector privado. Entonces, dice: “le pagaron cada mes. Pagó AFP. Pagó Seguro Social. Sin embargo, se desconoce por qué le pagaban”. Entonces, ahora, ¿sabe qué le han pedido?. El informe del trabajo que hacía. Eso ya no tiene qué ver con probidad». E indicó que “sin embargo, ellos dejaron a mi hija como una desempleada, y a saber quién le daba dinero durante esa época”.
Tampoco negó que su hija trabajó en el Servicio del Exterior, ahora Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. La redactora de ésta nota declaró a la ex-diputada que no conoce a su hija, para asegurarle que no tiene ninguna intención dolosa al describir el proceso y mencionarla. Sin embargo, en ésta entrega se nos ha hecho necesario consultar los datos generales de la misma, para comprobar su participación en el gobierno. Y, desde luego, la Hoja de Vida de Ana Virgina constata que participó en la empresa privada antes de ingresar al gobierno, en proyectos como “Contracultura y contrapunta”, en 2011; en el proyecto de “Transparencia Activa”, de 2012 a 2013; y, posteriormente, en Radio revista “El Espacio, Radio La Klave, ARPAS”, desde 2013 hasta los años posteriores.
Sin embargo, Ana Guardado Peña trabajó en el gobierno en un tiempo paralelo en que Lorena Peña trabajó como diputada, y un tiempo inclusive atrás. Por ejemplo, en su hoja de vida declara que trabajó en la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, durante la administración del ex-presidente Mauricio Funes, desde septiembre 2009 a mayo 2013. Otros cargos a los que accedió tuvieron lugar en la Secretaría de Cultura del FMLN, en los períodos de 2012 hasta los años posteriores. Pero también, en un período adicional, trabajó para la institución IREX-Security Acceso to Free Expression (SAFE), una institución privada para periodistas, entre junio de 2013 a septiembre de 2014.
Mauricio Funes (y familiar)
Mauricio Funes Cartagena ha sido condenado a 6 años de prisión y a devolver $200,489.52 USD. La decisión ha sido dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, tras establecer la participación del ex-presidente de la República (2009-2014), en el delito de evasión de impuestos, por un monto de $85,157.25 USD. Detalla la FGR que sus hallazgos se remiten a su último período presidencial, durante el que se reportan actividades financieras con diferentes empresas, en el que evadió Impuestos Sobre la Renta (ISR) por un monto de $271,857.49 USD.
$206,660.55 USD reportó la CCR, en las irregularidades patrimoniales del ex-presidente, según el examen de auditoría realizado el 12 de diciembre de 2017. En ducho proceso, la CCR ordenó a la FGR llevar a juicio a Mauricio Funes, por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito; y ordenó al incoado a restituir el monto estimado a favor del Estado. Sin embargo, en ese mismo año, Funes declaró ante la prensa que ya se refugiaba en Nicaragua , habiendo obtenido la ciudadanía y las garantías de protección del Estado, tras declararse “perseguido político”.
$3,093,866.38 USD definen el monto de las estimaciones por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, de 8 diferentes funcionarios públicos del FMLN, entre ellos, Mauricio Funes (en su período presidencial). ContraPunto hace notar a sus lectores que de dicho monto se sustrae la primera estimación de la CCR, que concluyó en la emisión de su resolución; y se omite la de la FGR, ya que ésta aún no ha sido determinada por el órgano judicial.
Benito Lara (y familia)
$109,555.87 USD es la cantidad que la familia del ex-político del FMLN, Benito Lara, debe restituir al Estado, tras ser declarado culpable por delitos de corrupción. La condena ha sido impuesta por la Cámara Primera de lo Civil de la Sección Centro, tras valorar las pruebas acusatorias ventiladas por la FGR, de las que se comprobó la comisión de los delitos, en perjuicio de la hacienda pública, de “enriquecimiento ilícito”.
$39,253.23 USD es la cantidad a la que Benito Lara ha sido condenado a resarcir al Estado. ContraPunto observa que el monto, no obstante, obedece a una nueva configuración en el cálculo de la cuantía, ya que las valoraciones preliminares de la FGR identificaban irregularidades en $131,571.67 USD de los haberes del ex-funcionario. Ello implica que la cantidad que a familia deba conciliar al Estado ya no sea la de $201,874.31 USD; en total, y los motivos responderían a que Lara debió justificar de su patrimonio -a su favor- unos $92,318.44 USD.
FGR detalla que los hechos delictivos evidenciados contra la familia de Lara obedecen al período de su administración pública en el Estado. Es decir, que a Benito Lara se le ha comprobado que no declaró su crecimiento patrimonial desde que ejerció el cargo de diputado por la Asamblea Legislativa (2009-2014), hasta el período en el que se desarrolló como titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2014-2019).
Benito Lara consiguió declarar $92,318.44 USD; y con ello, reducir el monto de las obligaciones fiscales a los $39,253.23 USD. En consecuencia, la familia deja de pagar $201,874.31 USD. Su esposa, Ana Emilia Zelaya de Lara, la pareja del ex-funcionario, mantiene la cuantía inicia requerida por la FGR, un monto que responde al pago de $2,000.00 USD a favor del Estado. La misma condición establece contra su hija, Ilena Briseida Lara Campos, quien debe resarcir al Estado, tal y cómo inicialmente se requería, un monto de responsabilidad civil por $69,302.64 USD.
FGR, sin embargo, no detalló a la prensa cuál es la distribución cronológica de las irregularidades e inobservancias. Preliminarmente, la institución de investigación fiscal identificaba al menos 14 presuntas irregularidades únicamente en contra de Lara, por un monto de $131,572.00 USD. Hasta entonces, 14 de los indicios respondían a los períodos comprendidos entre los años 2012 a 2014, por un monto de $55,751.00 USD; pero una segunda mayor cuantía respondía a un monto de $33,989.73 USD.
Jorge Hándal (y familia)
Hándal Vega ha sido comprometido por la Cámara Segunda de la Sección Centro de San Salvador, para responder por la presunta comisión del referido delito de enriquecimiento ilícito. El monto exacto que se deduce de las auditorías contables, y que responsabilizana cuatro personas de su núcleo familiar, se estima en un monto de $182,374.61 USD.
$40,525.62 USD, particularmente, responden al monto exacto que la Cámara Segundo de lo Civil deduce como el saldo no justificado, durante la anterior configuración legislativa, y su última administración de servicios como diputado. Su pareja, Lilian Armanda Rosales de Hándal, es acusada por el mismo delito, por irregularidades que responden a un monto de $109,589.62 USD, siendo el mayor de todo su grupo familiar.
$31,000.00 USD es el monto hallado en las irregularidades patrimoniales de la hija del ex-diputado, Linda Verónica Hándal. Mientras que su segunda hija, Georgina Beatriz Hándal debe responder a la justicia, al hallare controvertida por no declarar un monto de $1,259.37 USD de sus haberes patrimoniales.
Munguía Payés (y familia)
$498,374.31 USD es el monto estimado en el incremento del patrimonio no justificado de David Munguía Payés, y su familia. La estimación la establece el examen especial de auditoría, elaborado en el mes de octubre de 2021, por la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Los hallazgos han sido procesados en la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.
Según lo detalla la representación fiscal, en el proceso es requerida su esposa Sandra Dinora de Munguía y sus hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia Munguía Molina, quienes comparten el mismo monto requerido por la demanda de responsabilidad civil. Detalla que lo hecho hechos tuvieron lugar durante el período del 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011; es decir, durante los primeros tres años transcurridos de la administración del gobierno del ex-presidente nicaragüense, Carlos Mauricio Funes Cartagena.
Sin embargo, la defensa de los acusados “alega doble persecución del delito, debido a que se encuentran dos procesos abiertos sobre estos mismos bienes: el Civil y el de Extinción de Dominio”. Por ello, “resolvieron que cada ámbito persigue objetos distintos; además, hay cuentas bancarias diferentes en cada proceso”, según lo detallaron las autoridades judiciales.
Medardo González (y familia)
FGR individualiza el proceso en contra del ex-diputado, y contra su esposa Sonia Ernestina Paredes de González; también presume responsabilidades contra Luis Antonio González Portal y Medardo Romeo González Portal. Detalla la institución fiscal que “a ellos se les reclama la cantidad total de 12 irregularidades en concepto de depósitos bancarios realizadas en efectivo, compra de vehículos, pagos de tarjetas de crédito, compraventa de inmuebles, etc”. El monto de las mismas se traduce en los $153,346.55 USD.
$3,892.57 USD en irregularidades implican a Medardo González en el referido delito, una acusación que se sustenta en la observación de 2 presuntas irregularidades. A ésta acusación, alegó que el monto de las observaciones de arraigo “no es ni lo que devengaba en un mes, que era un monto ligeramente superior a lo que cuestionan”. Sonia, su esposa, es acusada por la apropiación irregular de hasta $70,505.98 USD, según se observa en 7 irregularidades de la CCR. Entretanto sus hijos Luis y Medardo, han sido sometidos al proceso, tras observarse otras 3 irregularidades, por la adquisición respectiva de $8,948.00 USD y $70,000.00 USD.
De Medardo, el hijo del diputado, alegó que “no tomaron en cuenta las cuentas de descargo presentados”, como aquellos “fondos que provenían de la madre de mi hijo, lo cual se probó con los documentos presentados por el bando de la cuenta donde se desembolsaron esos fondos, y que dichos fondos provenían de la venta de un inmueble de la mamá de mi hijo”.
El delito de lavado de dinero y activos está prescrito y sancionado en el artículo 312 del Código Penal; y dentro de la “Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen Ilícito”. Sin embargo, Medardo reitera que los señalamiento responden a una presunta “venganza política” , una posición que la reitera la organización BPR.
Alfonso Linares (y familia)
$248,598.49 USD debería devolver al Estado el ex-titular del Organismo de la Inteligencia del Estado (OIE), Eduardo Alfonso Linares. Se trata de una resolución establecida por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección Centro de San Salvador, que imputa al acusado en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La misma acusación se formaliza en contra del hijo de su ex-funcinario, Douglas Eduardo Córdova.
7 de las piezas examinadas en el expediente judicial corresponden al uso dinerario que el ex-titular hizo sobre sus cuentas bancaria y tarjetas de crédito, por un monto irregular de $248,598.49 USD, en el período en que fue servidor de la administración pública. En el mismo período, a su hijo se le observaría un enriquecimiento irregular en su patrimonio, por un monto de no justificado de $22,010.98 USD.
“Depósitos en cuentas bancarias, adquisición de inmuebles y tarjetas de créditos” son los rubros en los que se hallaron las irregularidades que someten al ex-funcionario en el proceso penal. De su hijo, por otra parte, la FGR solo pudo identificar irregularidades en el estado financiero de sus cuentas bancarias. El resultado de la audiencia se reafirma con los hallazgos de los exámenes de auditoría de la CCR, dando lugar a la resolución de la Cámara, que exige el reintegro de los bienes dinerarios al Estado.
Indició, también la autoridad fiscal a la prensa, que los efectos de la resolución de la Cámara Primera de lo Civil también imperan a que a Alfonso Linares se le “inhabilite por 10 años para poder tener ningún cargo público”. Esto es así, porque el Código Penal establece que la comisión del delito de enriquecimiento ilícito establece una sanción “prisión por 3 o 10 años”; así como la “inhabilitación para el ejercicio del cargo o empleo por el mismo tiempo”.
