La Fiscalía General de la República (FGR), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) son las instituciones que reciben menor inversión para poder hacer una adecuada aplicación de justicia, según Acción Ciudadana.
De acuerdo, al informe “Asignación presupuestaria a instituciones de control. Periodo 2015-2022” los fondos son insuficientes para los entes fiscalizadores de fondos públicos, transparencia y ética del Estado, defensa de derechos humanos y combate contra la impunidad y la corrupción.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aceptó que el presupuesto 2022 de la FGR subió aproximadamente $3 millones respecto del 2021, pero no es suficiente ya que no da abasto para salir con los compromisos como: contratación de nuevos auxiliares fiscales y personal de apoyo.
“A 2021, la Fiscalía estableció una necesidad financiera de $150 millones, pero solo le fueron aprobados $100 millones. En 2022, tenemos $113 millones de recursos que se le aprobaron a la Fiscalía, pero ustedes pueden ver que esta necesidad presupuestaria no ha desaparecido”, señaló Escobar.
La organización señaló una disparidad presupuestaria de las instituciones involucradas en la seguridad pública como la FGR, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES), lo que provoca “deficiencias en la política criminal del Estado”.
“El brazo de investigación y de acusación del Estado es el más débil presupuestariamente hablando y esto puede tener un impacto en la investigación del delito que pueda hacer la Fiscalía”. expresó.
En el caso de la PGR, esta institución tuvo una disminución de su presupuesto en $2.8 millones. De acuerdo al estudio, las prioridades presupuestarias de esta institución están orientadas en atender la educación, salud, aprendizaje y protección de la niñez. Sin embargo, no se incorporaron políticas o directrices con enfoque de género, derechos humanos y protección a sectores vulnerables.
Escobar manifestó que esta disminución puede llevar a una sobrecarga de casos en la PGR y que, en el régimen de excepción, no se pueda atender adecuadamente a cada ciudadano que requiera de los servicios de la institución.
“Esto repercute en los derechos de la ciudadanía y que de repente se dé un alza de demanda y que la institución no tenga capacidad de absorberlo y va a haber un problema social… Por ejemplo, todas las personas que han sido detenidas por el régimen de excepción, al ver que el presupuesto de la PGR disminuye precisamente en las áreas de asistencia y atención legal”. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
La PDDH tuvo una reducción del 19.45 % de su presupuesto en 2022. Acción Ciudadana aclaró que se debe indagar si esta reducción tendrá algún impacto que signifique limitar la contratación de más procuradores de derechos humanos que ayuden a disminuir o distribuir la carga laboral que puedan tener las diferentes áreas de la PDDH.
La organización destacó el incremento de $615,523 a la Unidad de Defensa, Protección Vigilancia Y Educación de los Derechos Humanos para este año.
La organización hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que dote suficientes recursos a estas dependencias y así que puedan “realizar un trabajo en beneficio de los salvadoreños y salvadoreñas de manera óptima”.
