La asociación defensora de derechos humanos, Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que adopte un papel activo en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de la masacre de El Mozote.
Representantes de la entidad sostienen que durante la administración del exfiscal Luis Martínez, se registraron algunas irregularidades y acciones que violentaron el debido proceso en el caso.
El director de la asociación, Ovidio Mauricio González, exhortó al fiscal general, Douglas Meléndez, a promover con urgencia la investigación ya que hasta el momento no ha adoptado ninguna decisión que agilice la reapertura del caso.
Además confirmó que el exministro de Defensa general José Guillermo García se abstuvo de comparecer el pasado jueves ante el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, por la masacre de El Mozote. En su representación llegó a su apoderado legal, quien presentó un escrito donde detallaba que su cliente se negaba a declarar.
“Queremos que se haga justicia en este caso”¦ queremos que este caso no quede en la impunidad y por ello es que agradecemos la valentía que ha tenido el juez Segundo de Primera Instancia de Morazán, de abrir el caso”, recalcó Mauricio González.
Se estima que en El Mozote fueron asesinadas alrededor de 900 personas entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981. El hecho cometido por el Batallón elite Atlacatl no es sólo uno de los crímenes más emblemáticos de la guerra civil salvadoreña y es considerado también uno de los peores atentados contra civiles perpetrados por un ejército en América Latina en tiempos modernos.
Tutela Legal también remarcó que la colaboración de la Fuerza Armada es importante considerando que es la entidad con acceso archivos históricos y claves en el caso. Por ello la asociación insiste en que debe de ponerla a disposición de la Fiscalía.
Este proceso fue reabierto tras la anulación, de la Ley General de Amnistía de 1993 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en julio de 2016.
Como responsables directos se señalan a los generales José Guillermo García, Adolfo Castillo, viceministro de Defensa y a Rafael Flores Lima, quien se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. También destacan los soldados Ernesto Méndez Rodríguez, José Antonio Molina, Walter Oswaldo Salazar, José Alfredo Jiménez y Andrés Cisneros.
Los militares son acusados de asesinato, robo agravado, violación agravada, actos terroristas, privación de libertad y actos preparatorios de terrorismo.
