Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron a la Asamblea Legislativa, la petición de Antejuicio y Desafuero contra el director de la Policía Nacional Civil (PNC) y recién nombrado viceministro de Justicia, Mauricio Arriaza Chicas.
Los fiscales señalaron que la solicitud se debe a que Arriaza Chicas, habría cometido el delito de presunto incumpliendo de deberes.
El delito habría surgido por negarse a acatar la orden de la Asamblea Legislativa de llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien en más de tres ocasiones no asistió a las convocatorias que hizo la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para que explicara el trato de los fondos correspondiente a la pandemia.
También se negó a llevar por apremio al ministro de Salud, Francisco Alabí, por este mismo caso.
Después de eso los diputados mandaron a la Fiscalía el aviso o certificado denunciando el presunto incumplimiento de deberes.
Ambos funcionarios se excusaron alegando que tenían otras actividades, con la venia de la PNC. El pasado 3 de octubre, Zelaya optó por asistir a un evento en Metapán y ayer el ministro de Salud estuvo en el cerco sanitario instalado en Chalchuapa.
Luego de esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, nombró como viceministro de Seguridad Pública a Arriaza Chicas.
De acuerdo con el Diario Oficial de fecha 12 de octubre, el nombramiento de Arriaza Chicas será ad-honorem, o sea, sin goce de sueldo, mientras que el acuerdo 384 que confirma su nueva posición en el Gobierno, tiene fecha del 9 de octubre.
A las acusaciones de la Asamblea se suma que Arriaza Chicas tampoco intervino cuando sindicalistas municipales de ASTRAM bloquearon el acceso al relleno sanitario de Nejapa, generando una crisis de insalubridad en San Salvador, esto pese a que la misma FGR emitió una orden funcional para desalojar a los manifestantes.
El 4 de octubre Raúl Melara, fiscal general, advirtió a Arriaza Chicas que el negarse a cumplir las direcciones funcionales de la Fiscalía era un delito: “hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la PNC”.
El 7 de octubre la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) publicó un comunicado señalando que las acciones de Arriaza Chicas podían considerarse desacato, incumplimiento de deberes y atentados a la Constitución y el Estado de derecho.
En el comunicado dijo que la falta de sumisión al orden jurídico por parte de los funcionarios, en este caso el director Arriaza Chicas, “pone bajo grave amenaza al sistema democrático, a la gobernabilidad y a la paz social”.
Además, el actuar del director policial “constituye un serio atentado contra el Estado de derecho y un precedente muy grave para la institucionalidad democrática”.
Bukele rechaza desafuero de director de la PNC
Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que con esta acción fiscal lo que se busca es desmantelar el plan de seguridad «Control Territorial», y a la vez denunció que hay intereses económicos por obtener «maletines negros», en alusión a dinero ilegal.
«Siguen intentando desmantelar el Plan Control Territorial. Sin maletines negros, están desesperados por obtener dinero de otras fuentes. El ‘delito’: desobedecer una orden ilegal de los diputados. ¿No pasaron 9 meses diciendo que la PNC no debía seguir ‘órdenes ilegales’?» cuestionó Bukele en su cuenta de Twitter.
Bukele sostuvo que las órdenes emanadas en este caso de parte de los diputados «son órdenes ilegales».
«Son ‘órdenes ilegales’ si las da el Presidente de la República, pero son ‘órdenes de obligatorio cumplimiento’, si las dan los mismos de siempre y sus esbirros. Las cosas al revés. Al menos, eso quisieran. Por suerte, nuestro país ya cambió, solo falta que les avisen», dijo.
