Miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron, este jueves, ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia un recurso por medio del cual se pide la revocatoria de la resolución emitida por dicha Sala, que ordenó el cierre del proceso penal por la masacre de los padres Jesuitas ocurrida el 16 noviembre de 1989.
La resolución emitida la semana anterior por la Sala de lo Penal deja sin efecto lo actuado por el Juzgado Tercero de Paz, que resolvió la reapertura de la investigación judicial contra los presuntos autores intelectuales de la matanza ocurrida en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA).
En esa ocasión, la orden del tribunal emitida el martes 17 de abril de 2018, indicaba a la Fiscalía General de la República que elabore y presente ante el juzgado una nueva acusación (requerimiento fiscal) "a la altura de los estándares internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario" contra el expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y a los miembro del Alto Mando del Ejército: René Emilio Ponce, exjefe del Estado Mayor Conjunto (ya fallecido); Juan Rafael Bustillo, excomandante general de la Fuerza Aérea; Juan Orlando Zepeda, exviceministro de Defensa; Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad; Francisco Elena Fuentes, excomandante de la Primera Brigada de Infantería; y Rafael Humberto Larios, exministro de Defensa.
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Por lo tanto, el Ministerio Público con base a las facultades legales que le confieren la Constitución y las leyes secundarias, ha solicitado que dicha resolución quede sin efecto y el proceso vuelva a la instancia correspondiente.
La medida de la Sala de lo Constitucional, fue cuestionada por diferentes sectores, ya que consideraban que no se estaba haciendo justicia para los jesuitas y sus dos colaboradoras.
El coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y querellante en la causa, Arnau Baulenas Bardía, explicó que con la medida emitida por la Sala se ordenaba "el cierre total del caso, es decir dicen que no proceden la reapertura".
Explicó que ante esta decisión se puede presentar un recurso de amparo, pero dijo que "nos debemos de sentar con las víctimas, analizar la resolución y ver qué decisiones tomamos".
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La reciente condena de 133 años contra el exviceministro de Seguridad Inocente Montano en España por el asesinato de los cincos religiosos originarios de ese país reavivó las discusiones en El Salvador de la urgencia de reactivar el proceso local, pero esta decisión cambia totalmente el panorama.
En el juicio que enfrentó en España Montano testificaron Lucía Cerna y el teniente retirado Yusshy Mendoza, entre otros.
Cerna es la única testigo ocular del asesinato, quien tuvo que salir de El Salvador tras los asesinatos, y Mendoza fue condenado en este país a 30 años de prisión en un juicio que para la Justicia española fue simulado.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de elite mató a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana.
Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También murieron junto a ellos los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija Celina Mariceth Ramos.
FMLN analiza superar veto a Ley de Reconciliación Nacional
Mandos del FMLN han expresado que están dispuestos a discutir la posible superación del veto a la Ley de Reconciliación Nacional.
La diputada izquierdista, Nidia Díaz, ha explicado que reabrirán el caso “siempre y cuando las víctimas y las organizaciones que las representan también puedan estar de acuerdo”.
"Es de revisar todo eso, porque han pasado unos meses y ver si hay una salida que puedan dar también, que queden ellas (víctimas) satisfechas", afirmó.
Díaz aseguró que a muchos sectores les molestó el veto emitido por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, porque el Gobierno "no quiso sufragar gastos que permitan subsanarse daños a las víctimas". La normativa exige un fondo de $10 millones.
