El fiscal general de la República, Raúl Melara, presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley especial para evitar tráfico de personas en El Salvador, al considerar que se necesitan penas más duras contra este delito y una legislación más especializada y eficaz en este tema.
Según explicó Melara, la propuesta es importante porque se atacará al crimen organizado a nivel nacional e internacional, se dará protección a víctimas y se aumentará la pena máxima hasta 12 años de prisión por el delito de tráfico ilegal de personas.
"Como saben, hay muchas personas que de manera inescrupulosa están traficando con el dolor de la gente, se están lucrando de estas personas que de alguna manera buscan migrar hacia otras tierras y es por eso que es importante tener un cuerpo normativo que pueda atacar y penalizar al crimen organizado nacional a internacional", afirmó.
El proyecto presentado a la Asamblea Legislativa tiene el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El Código Penal de El Salvador incluye el delito de tráfico ilegal de personas en su artículo 367-A, que estipula una pena máxima de ocho años de prisión.
“El que por sí o por medio de otra u otras personas, con el propósito de evadir controles migratorios del país u otros países transporte, traslade, albergue, guíe, intente introducir o introduzca personas extranjeras en tránsito o con destino a El Salvador u otro país, será sancionado con prisión de ocho a doce años”, señala la propuesta.
A la vez, Melara dijo que con este instrumento legal se buscará "generar las condiciones de coordinación entre los distintos países, así como también poder velar por las familias y aquellos migrantes que son engañados y se juega con sus vidas para poder llegar a otros países".
El tráfico ilegal de personas está contemplado en el artículo 367-A del Código Penal salvadoreño, lo cual, a criterio de la FGR, "es insuficiente para afrontar las estructuras de crimen organizado".
En resumen, la ley comprende, en palabras de Melara, "tres aspectos básicos: en primer lugar, la penalización de los delitos de tráfico de personas; en segundo lugar, la coordinación a nivel internacional del país para tener una mejor eficacia y por supuesto, la atención al migrante y las familias de los migrantes, resguardando sus derechos fundamentales".
Según Melara, la legislación actual "es insuficiente para afrontar las estructuras del crimen organizado".
"Es necesaria una legislación que permita al país perseguir a los criminales que engañan y se lucran de poblaciones vulnerables en la región”, agregó.
Según la Fiscalía, la ley especial dotará de más herramientas legales para perseguir a los traficantes y despojar de los bienes ilícitos provenientes del tráfico ilegal de personas.
Además, buscará promover la protección de los derechos de las personas que han sido objeto del tráfico ilegal de personas, por medio de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y familia.
En 2014, la Asamblea aprobó la Ley Especial contra la Trata de Personas, cuyo objetivo era, según su artículo 1, "la detección, prevención, persecución y sanción del Delito de Trata de Personas, así como la atención, protección y restitución integrales de los derechos de las víctimas, personas dependientes o responsables procurando los mecanismos que posibiliten este propósito".
