Por: Alessia Genoves
Han transcurrido ocho años desde que Sara del Rosario Rogel García, una salvadoreña del municipio de Cuscatlán, fue sometida por la justicia, al ser acusada de cometer el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hija, según lo detalla la Fiscalía General de la República. (FGR). Sin embargo, su defensa sostiene a que su deceso se dio en la etapa fetal, al padecer un aborto espontáneo; y que, por tanto, la acusación es “arbitraria”.
Sin embargo, el pasado lunes 31 de mayo, el juez de vigilancia penitenciaria del municipio de Cojutepeque, Cuscatlán, ordenó el beneficio de libertad condicional anticipada a favor de la incoada, al cumplir con los requerimientos establecidos por la ley. La decisión no fue refutada por la dirección de la mujer, al dar cuenta de que “no tiene los elementos” para contradecir al juez; y al expresar estar de acuerdo con la decisión.
Las Versiones
Según lo detalla la FGR, Sara García habría permanecido en prisión durante los últimos ocho años, desde que fue llevada a prisión tras ser acusada de asesinar a su hija, en el año 2013. Añadió, además, que su hija habría perdido la vida tras recibir impactos en su cabeza.
“La interna momentos después de parir, mato a su hija de un golpe en la cabeza. La autopsia determinó que la causa de muerte de dicha víctima fue a causa de golpe en la cabeza”, detalló la FGR.
Sin embargo, la defensa difiere de la acusación oficial, al sostener que Sara García habría sido víctima de un aborto espontáneo, hecho que respondía al deceso de su hija, en estado fetal.
“No me fijé que había un pedazo de jabón en el suelo y me deslicé. Caí sentada. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital. Me habían metido en el área donde tenían a todas las mamás y los niños, así que empecé a preguntar por mi hija; pero nadie me decía nada, solo que no me tenía que mover porque estaba muy mal de salud, que estaba sangrando demasiado”. explicó García, en una entrevista citada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
El aborto espontáneo figura en la tipificación de “aborto culposo”, una forma de aborto no punible en la jurisdicción salvadoreña, según establece el artículo 137 del Código Penal.
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Sin embargo, García añade que, tras permanecer hospitalizada durante dos días, “el doctor explicaba que no me podía dar referencia. En la audiencia me acusaron de homicidio agravado”.
Sin Apelación
Según lo estableció el juez de vigilacia penitenciaria, la FGR gozaba de un plazo de cuatro días para apelar a la resolución que se dictó a favor de la libertad para la incoada, el pasado 31 de mayo. Es decir, el Ministerio Público debía presentar un recurso formal de apelación hasta este día, viernes 6 de junio.
Sin embargo, la FGR reconoció no tener elementos probatorios para sostener la acusación contra García; y afirmó estar de acuerdo con el árbitro de justicia.
“Dicho caso fue consultado con la Directora de la Dirección de la mujer Licda. Marina de Ortega, quien nos expresó que su opinión es que no debe de apelarse , ya que no se tiene elementos para ello y expreso estar de acuerdo con el análisis hecho por el fiscal de vigilancia penitenciaria. Por lo que no se presentará el recurso de apelación, cuyo plazo vence el día 04-06-202”, confirmó la FGR.
Las Cifras
El caso de Sara García se enumera como uno entre las 259 mujeres que figuran en los registros públicos por detenciones en delitos relativos a abortos u homicidios, según informes de la Policía Nacional Civil (PNC) que datan desde el año 2002 hasta el 2019.
De esta cifra, al menos 181 mujeres han sido procesadas por dichas cargas delictivas, desde el año 2000 hasta el 2019, de acuerdo con los registros de Centros Judiciales. Pero, las cifras son significativamente menores en comparación a las 36 mil personas que han figurado en el total de la población penitenciaria, hasta el año 2020.
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“Muchas veces van directamente del hospital a la cárcel, y pierden la presunción de inocencia; son perseguidas judicialmente, criminalizadas… son condenadas por homicidio agravado por el grado de parentesco por el vínculo, porque supuestamente asesinaron o intentaron asesinar cuando la criatura no murió, y son condenadas a 15 años de cárcel”, añade la directora de la Agrupación, Morena Herrera, en su crítica al sistema judicial del país.
En el país no existe una apertura formal al diálogo para responder al tema del aborto. Desde el pasado 14 y 20 de mayo, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa llevaron a archivo cerca de 246 propuestas de ley, que respondía a la salud sexual y reproductiva de la mujer.
Entre las propuestas figuraba la propuesta de iniciativa al artículo 133-A a favor de la des-penalización del aborto por “consentimiento de la mujer”; para “salvar la vida de la mujer” así como los que son “productos de violación o trata de personas” y “malformación en el feto”.
