Un total de doscientos seis expedientes recibieron órdenes de archivo bajo instrucción de la jefatura de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, al considerar que “no se adaptan a la actual realidad del país”. Entre las iniciativas de ley archivadas se enumera el anteproyecto por la des-penalización del aborto, propuesta por organizaciones de mujeres y consultada por otras 35 especializadas, de la sociedad civil salvadoreña.

“Es necesario mandar a archivo expedientes que no se adaptan a la actual realidad del país. Por ejemplo, aquí hay uno donde buscan nombrar como ‘incapaz’ a una persona con discapacidad. Quieren decir a este sector que no pueden ejercer ninguna función”, expresó la diputada por el partido oficial, Nuevas Ideas, Evelyn Merlos.

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La iniciativa de enviar los 206 expedientes a archivo fue efectuada de manera unánime, pero con la abstención de la oposición parlamentaria. Forografía: Asamblea Legislativa.

La propuesta por la des-penalización del aborto fue presentada durante la legislatura de los años 2015-2018. El documento planteaba la reforma al artículo 133 del código penal, que establecía la interrupción del embarazo “cuando la salud y vida de las mujeres está en riesgo, cuando el feto no tenga posibilidad de vida extrauterina; cuando el embarazo sea producto de violación y estupro o trata de personas”, según así lo define la Agrupación Ciudadana por la Des-penalización del Aborto.

Le exigimos a esta Nueva Asamblea que no archive, que no considere obsoletos estos derechos; que se siente a dialogar y que construya leyes para todas las personas”, demandó la activista de la Agrupación, Sara García Gross.

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“La Bancada Cyan ha pasado leyendo y analizado noche tras noche los expedientes. El pueblo salvadoreño nos demanda que seamos eficientes y eso significa responder al pueblo más allá del horario que se establece”, expresó la diputada Marcela Pineda, tras negar la propuesta de dar lectura a los anteproyectos de ley en el desarrollo de la Comisión.

Denunciamos este actuar; y, sobretodo,exigimos que se publiquen los motivos por los cuales están archivando una propuesta que tiene qué ver con la dignidad de las mujeres salvadoreñas”, añadió García.

Para las organizaciones, la iniciativa parlamentaria constituye un “retroceso” a los derechos humanos de mujeres, en condición de vulnerabilidad. Asimismo, valoran que la ausencia de una normativa que garantice la des-penalización del aborto “criminaliza” a las mujeres que han abortado, como consecuencia de afectaciones obstétricas.

Las y los diputados están incumpliendo sus obligaciones porque no han garantizado el derecho constitucional a la salud y vida de niñas y mujeres. Tampoco se tomaron el tiempo para iniciar un diálogo con las defensoras que han impulsado una reforma que garantice la salud y la vida de las mujeres en El Salvador”, denunció la Agrupación.

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A 23 años de Penalización

Han transcurrido 23 años desde que el parlamento salvadoreño deliberó a favor de la reforma al Código Penal que, entre otras cosas, refiere a la penalización del aborto por consentimiento de la persona gestante, así como por las terceras personas involucradas en la interrupción del embarazo.

Pero,antes de 1997, existían formas de abortos no punibles en los casos en que peligraba la salud y la vida de las mujeres, cuando se había detectado una malformación genética en el feto que era incompatible con la vida, y también cuando los embarazos eran el resultado de una acción criminal; es decir de una violación sexual”, expresó Morena Herrera.

Para hacer frente a la modificación, la propuesta de ley que fue enviada a archivo, el pasado 19 de mayo, demandaba tipificar como “no punible”, la interrupción total del embarazo, con consentimiento de la mujer gestante, cuando existía el acometido de “salvar la vida de la mujer y preservar su salud”; cuando fuera “producto de una violación o trata de personas” o de “estupro”; o cuando exista una “malformación en el feto”, según así lo refieren las “cuatro causales” en la propuesta reforma al artículo 133-A, del Código Penal.

Morena Herrera informa que en El Salvador, las sanciones por hechos de aborto se endurecieron a partir de 1998. Vídeo: Todas TV.

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Las leyes del país, sin embargo, no establece como causa “punible” todas las posibilidades que deriven a una persona gestante al aborto. Es ejemplo el caso del “aborto culposo” que, siendo ocasionado por la propia gestante “y la tentativa de ésta para causar su aborto no serán punibles”, según lo detalla la segunda clausula del artículo 137 del referido instrumento de ley.

Pero, pese a la excepciones, “en este momento, aunque una mujer tenga en riesgo su vida esté peligrando su salud, no tiene posibilidades, ninguna, de interrumpir el embarazo de forma legal”, lamentó Herrera.

Asimismo, las organizaciones sostienen que las personas que interrumpieron su embarazo, han sido, inclusive, sancionadas por los delitos tipificados por “homicidio” y sus agravantes, más no exclusivamente por los hechos de “aborto”.

Muchas veces van directamente del hospital a la cárcel, y pierden la presunción de inocencia; son perseguidas judicialmente, criminalizadas… son condenadas por homicidio agravado por el grado de parentesco por el vínculo, porque supuestamente asesinaron o intentaron asesinar cuando la criatura no murió, y son condenadas a 15 años de cárcel”, añade Herrera, en su crítica al sistema judicial del país.

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Reportes policiales sobre operativos contra delitos de aborto y homicidios contra mujeres, de 2002 a 2019. Fuente: Del Hospital a la Cárcel, 2019

Hasta el año 2002 al 2019, al menos 259 mujeres figuraban en los registros públicos sobre las detenciones de mujeres procesadas por delitos relativos a abortos u homicidios, según informes de la Policía Nacional Civil (PNC).

De esta cifra, al menos 181 mujeres han sido procesadas por dichas cargas delictivas, desde el año 2000 hasta el 2019, de acuerdo con los registros de Centros Judiciales. Pero, las cifras son significativamente menores en comparación a las 36 mil personas que han figurado en el total de la población penitenciaria, hasta el año 2020.

Una Deuda Histórica”

De acuerdo con las activistas, la omisión de una norma que regule las posibilidades de ejercer las prácticas de interrupción del embarazo, como un derecho, están en detrimento del principio de progresividad de los derechos humanos de las mujeres, y de aquellas en situación de vulnerabilidad.

Este es un tema que es una deuda del Estado Salvadoreño. La despenalización del aborto es una necesidad; y es un tema de derechos humanos, y salud pública”, expresó García Gross.

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Las activistas responsabilizan a los parlamentarios, al representar el órgano competente estar habilitado en “solventar en forma normativa específica los conflictos suscitados dentro del ámbito de la interrupción del embarazo”, de acuerdo a la sentencia 20-XI-2007, de la Sala de lo Constitucional. Esto es así, ya que consideran necesaria la reforma del Código Penal, para “armonizarlo con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra y la Mujer”.

Organizaciones de mujeres han realizado diversas manifestaciones para demandar la reforma al art. 133 del Cód. Penal. Fotografá, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Hasta finales del año 2020, el Ministerio de Salud (MINSAL) registró al menos 12,781 casos de embarazos en niñas y adolescentes así como 46 casos de muertes de mujeres post-parto; es decir, casos de estupro y violación, obligados a concebir, sin ser garantes de una ley secundaria para interrumpir el embarazo.

Esta cifra correspondería, a su vez, a una buena parte de las más de 2,5 mil denuncias por hechos de violencia sexual reportados anualmente; y al registro total de 44,793 casos totales de embarazos, a nivel nacional, según el MINSAl.

Fotogrfía: Alessia Genoves

La penalización absoluta del aborto provoca unos riesgos innecesarios e injusticias que afectan sobre todo a las mujeres más pobres. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso ciudadano por alcanzar una legislación y unas políticas públicas que garanticen los derechos a la salud, a la vida y a la libertad de mujeres, adolescentes y niñas, sacando a nuestro país del minoritario grupo de los únicos cinco países en el mundo que penalizan absolutamente el aborto”, manifestó la agrupación, en un comunicado oficial.

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