El fiscal general, Raúl Melara, confirmó que se están llevando a cabo investigaciones contra un grupo de fiscales, que habrían presionado a otros colegas de la institución para actuar como testigos criteriados en el caso denominado “Corruptela”, por el que el expresidente, Mauricio Funes es acusado de lavado de dinero.
Melara indicó que recibió el caso a principios del mes de enero al iniciar su gestión al frente del Ministerio Público.
“El primer día que yo me presento, recibo una nota de un grupo de fiscales y empleados que habían sido criteriados en este caso corruptela, ellos adujeron en esa nota que habían sido coaccionados, que habían sido sometidos para tomar ese criterio de oportunidad y declarar en favor de la tesis de la Fiscalía en ese caso”, detalló Melara.
Asimismo, el funcionario explicó que tras conocer el caso, se realizó un proceso de auditoría interna en la que se determinó que podría haber indicios de delitos, por lo que fue enviado a la Unidad de Investigación.
Lo normal en esos casos, es que recibo yo una noticia y la derivo a la Unidad de Auditoría Interna (“¦) hay suficiente autonomía interna (“¦) esta es la manera que debe funcionar (“¦) Yo me reúno con los fiscales denunciados, les explico lo que hay y ambas partes les digo que yo no ya a inclinar la balanza para ninguno.
“Se les dio el derecho de audiencia, rindieron su declaración y el auditor interno detecto que pudiese existir algún tipo de indicio de actividad delictiva y lo remite a la Unidad de Investigación Formal para que se realicen las investigaciones pertinentes (“¦) si el fiscal denota que hay algún indicio de delito, el proceso administrativo se suspende y se inicia el proceso formal, ese es el estatus en que está”, precisó Melara.
De igual modo, negó que los fiscales involucrados en el Caso Corruptela que han sido trasladados a otras unidades vayan a ser excluidos de las pesquisas.
“Lo que no se puede permitir es que se cuestione la integridad de la institución como tal, que se hable de persecución o que hable de que se va a poner en riesgo un proceso por traslados que se hayan dado (“¦) los fiscales que están viendo el Caso Corruptela, aunque hayan sido trasladados a otras unidades van a seguir viendo ese caso, no hay excusas para decir que ese caso se vaya a debilitar”, añadió Melara.
Según publicaciones de la revista FACTUM, entre los fiscales denunciados se encuentran el actual fiscal adjunto, Alan Hernández, y el exjefe del Grupo Contra la Impunidad (GCI), Jorge Cortez, quien tras la llegada de Melara al Ministerio Público fue trasladado como asesor en una oficina de Zaragoza, La Libertad.