La Fiscalía General de la República informó este martes que confiscó 24 propiedades e inmuebles en distintos puntos del país que pertenecen a los involucrados en el caso “Saqueo Público”. El proceso fue dirigido por la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR), y fue supervisado por el fiscal General, Douglas Meléndez.
Aunque no se reveló la ubicación exacta de los inmuebles, la FGR confirmó que algunas se encontraban en la zona costera del departamento de La Paz.
Además, la FGR detalló que entre lo incautado también están cerca de 20 manzanas cultivadas de caña de azúcar, ubicadas en el departamento de La Libertad que serán puestas a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) para su administración.
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El Ministerio Público cuenta con 90 días para iniciar el proceso de extinción de dominio en el tribunal especializado.
El caso “Saqueo Público” revelado por la FGR destapó una supuesta red de corrupción dirigida por el expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) y que involucra a amigos, familiares y exfuncionarios de este.
Los capturados en este caso son la exesposa del mandatario y exprimera dama, Vanda Pignato; el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), José Miguel Menéndez, alias Mecafé; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe contador de la Presidencia de la República, Rigoberto Palacios; la exsecretaria de Francisco Cáceres, Ana Elizabeth Coto; el representante legal de Agrosuministros, Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza y Luis Miguel Ángel García; el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas.
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Sin embargo, todavía se encuentran prófugos el expresidente Funes, su actual esposa, Michell Guzmán, sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, además de otros involucrados.
Según la FGR, el expresidente Funes habría diseñado una “sofisticada” forma de extraer fondos públicos de la Presidencia de la República durante su gestión entre 2009 y 2014, creando nuevas partidas presupuestarias y utilizando una red de prestanombres por los cuales vía triangulación, desviaron $351 millones de dólares.
