La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó su tercer día de audiencia inicial el 19 de mayo, en el que reveló nuevos señalamientos en el caso denominado “tregua” por el que 22 personas son procesadas. Entre estas nuevas acusaciones se encuentran más beneficios carcelarios a líderes de pandillas, asesoramiento técnico y militar, entre otros; algo que los abogados defensores aseguran que no se pudo hacer sin el conocimiento de las altas jerarquías del gobierno Funes.
La parte defensora sostiene que la FGR se contradice al respecto de la autonomía y poder de decisión que tenían presuntamente los 22 empleados penitenciarios y agentes policiales implicados, pues en la parte concluyente de las acusaciones sostiene que fue imposible que todo se manejara a niveles medios y bajos, sin que las autoridades y jerarquías gubernamentales lo desconocieran.
“En la relación circunstancial de los hechos, el Ministerio Público manifiesta que los funcionarios involucrados y procesados en este juicio, pueden actuar con autonomía y sus decisiones son propias y personales. Sin embargo, cuando concluyen, dicen que es imposible sin las altas jerarquías del Estado y el Gobierno, poder tomar ese tipo de decisiones”, expresa el abogado defensor de un jefe policial implicado, Luis Mario Pérez.
La FGR reveló otros de los presuntos beneficios que el Gobierno Funes habría dado a las pandillas durante ese período de tregua entre 20120 y 2013, que reflejó una aparente y cuestionada reducción de homicidios, algo que la misma FGR descarta.
“Manifiesta el testigo criteriado que él se encargaba de hacer las compras de pollo campero para que con las cajas de las mismas introducían los teléfonos celulares, y el mismo día de ir a visitar el penal de Izalco, volvían a hacer compra del alimento y las cajas al interior de las jabas llevaban teléfonos celulares. Solo las cajas de encima de la jaba contenían la comida rápida”, dijo el fiscal del caso.
Además dijo que pandilleros eran instruidos en manejo de armas cortas y largas, técnicas de combate con ese tipo de armas y técnicas de retirada y evacuación de heridos.
El Ministerio Público también dijo que todas, o al menos la mayoría de acusaciones, dirigen o implican a Raúl Mijango, el exmedidador de la tregua que también está siendo procesado.
“Todas las coordinaciones y el asesoramiento para las pandillas provino de Raúl Mijango, así como de elementos policiales. Es decir, el testigo dice que mucho de los palabreros no tenían la capacidad intelectual para hacer negociaciones o hacer determinadas peticiones”, dijo el fiscal.
Sin embargo, Mijango asegura que se trata de una obsesión de la FGR y que un criteriado puede decir cualquier cosa para salvarse.
“Yo sé que la Fiscalía le anda ofreciendo criterio de oportunidad a varios reos para que se presten a atestiguar en mi contra, atribuyéndome delitos que no he cometido. Eso me lleva a la conclusión que hay una especie de obsesión”, dijo el también exguerrillero.
La audiencia inicial ha quedado en receso hasta el lunes 22 a las 8:30 de la mañana, y en ella aún falta que la parte defensora exponga sus argumentos jurídicos del caso a favor de los señalados.
