La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó este viernes a allanar las oficinas de la empresa petrolera, ALBA Petróleos, subsidiaria de la venezolana PDVSA en El Salvador y que está ligada al dirigente del FMLN, José Luis Merino y actual viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de gestión de inversiones internacionales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los allanamientos responden al delito de lavado de dinero. Otras 26 empresas en San Salvador, La Libertad, Sonsonate y La Paz también están siendo allanadas.
“Como Fiscalía General de la República estamos procediendo a realizar un registro en las instalaciones de la sociedad ALBA con sus distintas manifestaciones, por ejemplo ALBA Petróleos, ALBA Alimentos y ALBA Gas”, explicó el director anticorrupción del Ministerio Público, Germán Arriaza, quien añadió que la orden fue emitida por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.
La semana pasada, Estados Unidos emitió un nuevo informe de corrupción para los países del Triángulo Norte, en el cual aparece el nombre de Merino como figura central en la creación de ALBA Petróleos. Según la revista InSight Crime, sus extensas redes de negocios han enriquecido a muchos miembros de la élite, pero también se le han abierto investigaciones por acusaciones de corrupción y otros delitos.
En el informe, los agentes estadounidenses acusan a Merino y a su hermano, Ismael Merino Cabrera, de desviar más de US$400 millones por medio de varias empresas fachada a cuentas offshore en Panamá y otros lugares.
Sin embargo, a Merino no se lo ha sindicado de ningún crimen y goza de inmunidad en su actual cargo de gobierno, señala el informe.
Denuncian persecución política
Desde la perspectiva del FMLN, la investigación de la Fiscalía se trata de una persecución política que, incluso, podría estar influenciada por el gobierno de los Estados Unidos. Esto último en relación con la lista que se pubicó y que incluye a Merino.
La Comisión Política del partido publicó un comunicado en el que denuncian haber sido blanco de múltiples ataques. "Exigimos que el Fiscal General se apegue a las leyes del país y no someta el accionar de la Fiscalía a la agenda política de ningún Gobierno extranjero ni grupo político o económico local, como fue la tónica en el pasado reciente", consigna el comunicado.
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