La Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD), presentó este lunes su balance sobre la situación de derechos humanos a dos años de Gobierno del presidente, Salvador Sánchez Cerén, en el que señalan como “crítico” el enfoque represivo de las medidas extraordinarias de seguridad.
“La creación de batallones militares para tareas de seguridad, el impulso de medidas extraordinarias, y el desarrollo de planes de control y limpieza de los territorios, en lugar de resolver el problema de la violencia, han generado violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y a nuestro juicio están entorpeciendo El Plan El Salvador Seguro”, señala Abraham Ábrego, director de FESPAD.
Esta organización lamenta la ausencia de programas atención psicosocial, rehabilitación y compensación por daños sufridos a víctimas de la violencia. Afirma que tampoco existen protocolos efectivos que garanticen un trato compasivo, humano y digno durante las gestiones administrativas o judiciales relacionadas a la investigación y juzgamiento de los crímenes.
FESPAD sin embargo reconoce como aciertos gubernamentales el diseño de El Plan El Salvador Seguro, la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y la implementación del modelo de policía comunitaria; señala que ha faltado convicción y voluntad política suficientes para la aplicación e impulso de los mismos, lo que ha generado que las acciones de prevención de violencia sean limitadas.
En materia de derechos económicos, sociales y culturales, reconoce que el Gobierno ha mantenido su énfasis en apoyar a las poblaciones más vulnerables con el desarrollo de programas sociales y con su negativa a reformas que afectan a la población como el aumento de edad para jubilarse o sus posiciones en torno a un salario mínimo digno. Sin embargo, no ha logrado superar el problema de financiamiento, en parte, por no contar con una política fiscal progresiva que combata las enraizadas prácticas de elusión y evasión fiscal.
“A pesar de que se reconocen los intentos del Gobierno por incrementar la productividad y la generación empelo en población joven, las estadísticas indican que ha habido aumento en los últimos años de la tasa de desempleo y subempleo”, dijo Ábrego.
Según FESPAD, la tasa de desempleo pasó de 5.9 % en 2013 a 7 % en 2014 mientras que la tasa de subempleo pasó de 27.7 % en 2013 a 31% en 2014. En este sentido, se señala que si bien las remesas familiares han incrementado un 7 % y son un factor dinamizador de la economía, a la vez revelan la falta de oportunidades en el país.
En materia de transparencia y combate contra la corrupción, FESPAD resalta el desarrollo de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), la Iniciativa COST para transparentar las obras de construcción y la Mesa Intergubernamental para Prevenir la Corrupción.
También resalta las asambleas ciudadanas que se desarrollan en las distintas localidades del país en coordinación con municipalidades para escuchar las necesidades y posteriormente canalizar la ayuda a la población.
FESPAD considera como deuda principal en el tema de participación ciudadana la falta de una ley que garantice dicho derecho. Al respecto, en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 ““ 2019, el presidente de la República asumió el compromiso expreso de generar una propuesta legal de participación ciudadana, no obstante a la fecha solo se elabora un Decreto Ejecutivo.
FESPAD lamenta en cuanto a ejercicios de rendición de cuentas, la poca participación ciudadana priorizando nada más el traslado de un informe de labores a la población.
Entre los retos y recomendaciones subrayan el desarrollo de una política pública integral de convivencia pacífica e incorporar a organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos al Consejo Seguridad.
Además crear un programa nacional de atención psicosocial para las víctimas de la violencia social y delictiva, así como establecer medidas que fortalezcan el acceso a servicios de salud, rehabilitación y resarcimiento; adopción de medidas tributarias para la sostenibilidad del financiamiento de los programas sociales persiguiendo la elusión y evasión fiscal; y el impulso de una Ley Nacional de Participación Ciudadana, que garantice el derecho de la población.
