Víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado reiteraron sus deseos de justicia y reparación, en respuesta a la creación del Comité Nacional de Búsqueda (CONABUSQUEDA), el cual ha sido avalado por decreto ejecutivo del presidente Salvador Sánchez Cerén.
“Eso es lo que pedimos las madres, la justicia, la reparación, que nos digan donde están nuestros familiares, que hicieron con ellos, si están vivos que nos digan donde, si están muertos, pues que nos digan donde están para buscar sus huesitos y poderles dar una cristiana sepultura. Por eso nos alegró mucho cuando el presidente conformó la Comisión de búsqueda”, aseguró la fundadora del Comité de Víctimas de las Violaciones de Derechos Humanos (CODEFAM) Guadalupe Mejía.
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“Algunas veces solo los capturaron y no se sabe si los dejaron en algún lugar, los llevaron a tirarlos en altamar. Las madres han seguido luchando para saber el paradero de ellos (“¦)han puesto los casos anteriormente ante la Fiscalía para que el Gobierno se haga responsable, de que investiguen aquellos casos, pero al final los esfuerzos que han hecho las instituciones han sido muy limitados, porque teniendo todos los recursos no se preocuparon”, lamentó, Carlos Marmol Martínez, un ciudadano, cuyo hermano, Tomás Marmol Martínez, fue capturado por soldados de la Guardia Nacional en 1981, mientras se encontraba recogiendo frutas en el kilómetro ocho de la Carretera a San Miguel Tepezontes en el departamento de La Paz y posteriormente, sus restos fueron encontrados en el territorio conocido como Aguarica en Santiago Texacuangos.
Cambio de timón en la Fuerza Armada
La comisionada de CONABUSQUEDA, Leonor Arteaga, mencionó que esperan que las autoridades de la Fuerza Armada accedan a colaborar con el trabajo de investigación de las víctimas de desaparición forzada, ya que cuentan con archivos que son importantes que para tal objetivo, pero señalaron su preocupación por la postura del ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien calificó estos hechos como “leyendas”.
“Nos preocupan esas declaraciones, en primer lugar porque ha quedado demostrado desde informes de organismos internaciones, desde sentencias del sistema judicial salvadoreña, que las fuerzas armadas cuentan con información (“¦) como todo ejército, documenta todo lo que hizo y no resultaría creíble pensar que no cuenta con información (“¦) Son declara raciones bastantes lamentables, ese tipo de mensajes puede generar irrespeto a las víctimas”, manifestó Arteaga.
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Esta posición fue acompañada por el director de la Asociación Pro-búsqueda, Eduardo García, quien realizó un llamado al futuro Gobierno de Nayib Bukele a que considere nombrar una autoridad en la Fuerza Armada, cuyo origen sea de la sociedad civil, para influir en la labor de justicia y reparación de las víctimas.
“Espero del nuevo Gobierno para que no solo sostenga las dos Comisiones que están dando resultados. Esperaría que el presidente de la República que viene de la sociedad civil (“¦) que tuviera esa capacidad de ver en los Ministerios a personas que aporten al país, como lo ha hecho recientemente (“¦) ojalá que hiciera lo mismo en el Estado Mayo, que fuera civil en una situación de democracia que impera en el país, que se diera esa obediencia de la Fuerza Armada hacia el presidente en su calidad de comandante general para colaborar con los archivos militares”, indicó García.
Por último, Leonor Martínez, una de las víctimas, cuyo hermano fue desaparecido en 1981 mientras viajaba a una reunión del Bloque Popular a la UCA, se mostró contenta de que este tema ya no permanezca oculto.
“Hasta este momento no sabemos nada de él, se ha investigado, no lo hemos encontrado ni vivo ni muerto. Eso hace que nosotros nos sintamos mal, porque no se ha podido ver nada con esa situación. Así como el hay muchos más (“¦) en aquellos años no teníamos libertad de hablar nada porque era prohibido, esperamos que no siga siendo prohibido y que sepamos algo de nuestra familia y que el gobierno nos siga ayudando”, manifestó Martínez.
