El medio de comunicación salvadoreño, La Prensa Gráfica, se ha convertido un campo de batalla entre la familia Dutriz. Esto se registra, producto a que la empresa Inversiones Novedosas, S. A. de C. V., de José Alfredo Dutriz Ruiz, ha demandado por administración fraudulenta a José Roberto Dutriz Fogelbach, accionista mayoritario, presidente de la junta directiva y representante legal de la sociedad Dutriz Hermanos, S. A. de C. V., empresa que contienen los derechos de la marca de ese rotativo nacional.
La demanda interpuesta en la Fiscalía General de la República (FGR) señala que Dutriz Fogelbach habría hecho maniobras fraudulentas, que perjudicaron a otros socios que forman parte a ese conglomerado.
Esto fue publicado por una investigación realizada por Diario El Salvador, la cual indica que Inversiones Novedosas tiene una participación del 18% del capital accionario de la sociedad que administra “La Prensa Gráfica” (LPG) y otras actividades comerciales colaterales.
En numerosas oportunidades, como accionista de la empresa presidida por José Roberto Dutriz Fogelbach, su primo no solo no aprobó los balances y las rendiciones de cuentas, sino que reclamó, en varias ocasiones, documentación de las maniobras de su primo. Como no se le dio acceso a esa información, José Alfredo Dutriz Ruiz presentó una demanda administrativa ante el Ministerio de Hacienda en la que se declaró afectado por fraudes cometidos por José Roberto Dutriz en la administración de la empresa que él presidía y conducía. Eso ocurrió el 1.º de julio de 2021.
En la denuncia indica: “Es así como, a lo largo de los años, Inversiones Novedosas, S. A. de C. V., ha cuestionado con intención crítica y constructiva la gestión administrativa ejercida por la mayoría accionaria y algunos apéndices del señor José Roberto Dutriz Fogelbach”.
El 5 de octubre de ese mismo año, promovida por el señor Élmer Gustavo Huezo Zavaleta, en calidad de apoderado especial de la sociedad Inversiones Novedosas, S. A. de C. V., se formalizó la denuncia penal contra José Roberto Dutriz ante la Fiscalía General de la República.
Toda la información que se da a conocer en este medio de comunicación ha sido corroborada y, en la mayoría de los casos, conforma pruebas inequívocas de la administración fraudulenta y otros posibles delitos por parte de José Roberto Dutriz, titular de «La Prensa Gráfica» y empresas conexas.
Las pruebas obtenidas refieren a las áreas de la gestión de José Roberto Dutriz en la sociedad Dutriz Hermanos, S. A. de C. V., en las que, según la denuncia, se cometió administración fraudulenta bajo la modalidad de delito continuado entre 2010 y 2021.
Según el artículo 42 del Código Penal, «hay delito continuado cuando con dos o más acciones u omisiones reveladoras del mismo propósito criminal y aprovechándose el agente de condiciones semejantes de tiempo, lugar y manera de ejecución, se cometen varias infracciones de la misma disposición legal que protege un mismo bien jurídico, aun cuando no fueren de distinta gravedad».
En este caso, el delito continuado se refiere a que José Roberto Dutriz se habría aprovechado de su calidad de presidente de la junta directiva para llevar a cabo acciones, en diferentes tiempos y modos, llegando al mismo tipo penal de administración fraudulenta. Se habría aprovechado de la confianza legal otorgada, perjudicando y disminuyendo el patrimonio de sus socios. Producto de esas acciones continuas habría incrementado sus beneficios y el patrimonio personal.
En este caso, los delitos denunciados se ven reflejados en una serie de maniobras que incluyen lo siguiente:
● Gastos innecesarios o que no corresponden con la misión de la empresa, esencialmente «La Prensa Gráfica» Estos gastos siempre fueron del conocimiento de la junta
directiva de la sociedad.
● Gastos personales, boletos aéreos a destinos turísticos o no vinculados con la labor de la sociedad, pagos de tarjetas de crédito, compras de licor, regalos, viáticos de movilidad,
membresía y cuotas del Club Campestre, entre otros.
● Remuneraciones a «personal clave» de la sociedad, que nunca se identificó, por grandes sumas mensuales.
● Inmuebles a nombre de la sociedad y arrendados, pero por los que nunca se cobraron alquileres debido a que el beneficiario directo era José Roberto Dutriz.
● Venta de casi 50 vehículos de la sociedad muy por debajo de los valores de mercado, con lo que se benefició a directivos o miembros del grupo familiar.
● Pagos efectuados a las empresas Cerro Naranjo, S. A. de C. V.; Cerro Neblina, S. A. de C. V.; Gráficos y Textos, S. A. de C. V., e Inversiones Familiares, S. A. de C. V., representadas legalmente por José Roberto Dutriz por servicios que no se prestaron o no quedaron registrados.
Cabe destacar que los hechos antes descritos supuestamente se llevaron a cabo en complicidad con los miembros de la junta directiva de la sociedad.
Los gastos que José Roberto Dutriz hacía se descontaban de las ganancias de la empresa; por lo tanto, no se distribuían en los dividendos anuales a los accionistas. El total
fue de $11,046,662.43.
En la misma denuncia se muestra que, de acuerdo con los registros de los libros de accionistas, José Roberto Dutriz transfirió sus acciones por partes iguales a sus hijos José Carlos Dutriz Boillat (19,250 acciones amparadas por el certificado N.º 12) y Diego José Roberto Dutriz Boillat (otras 19,250 acciones amparadas por el certificado N.º 13). El valor nominal de las acciones traspasadas en 2019 alcanzaría los $3,925,000.
El delito de administración fraudulenta que se imputa a José Roberto Dutriz se encuentra regulado en el artículo 218 del Código Penal: «El que teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos, aumentando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente». La ley entiende este delito como las acciones o las omisiones que tengan la intención de perjudicar el patrimonio de los titulares de los bienes administrados —en este caso, los accionistas—, y puede tener una pena de prisión de tres a cinco años.
