spot_img
spot_img
miércoles, 12 de mayo del 2021

Familia desplazada por pandillas busca amparo de Sala de lo Constitucional

Denuncian omisión estatal en su protección, negligencia y amenazas de PNC tras poner la denuncia

spot_imgspot_img

Una familia ví­ctima de desplazamiento por amenazas de pandillas interpuso un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedirle que se pronuncie sobre su derecho a la protección por parte del Estado. Las ví­ctimas denuncian que la Policí­a Nacional Civil (PNC) y Fiscalí­a General de la República (FGR) han cometido omisión de sus responsabilidades al no garantizar su protección tal y como lo manda la Ley de Protección a Ví­ctimas y Testigos.

“Las familias afectadas por desplazamiento por violencia han identificado una serie de violaciones y sobre todo omisiones por parte de las instituciones encargadas de protección. El objetivo es generar una declaración de la Sala, reconociendo el derecho a la protección que tienen las personas afectadas por desplazamiento”, dijo el abogado Abraham Ábrego, de la Unidad de Litigio Estratégico de CRISTOSAL, organización que acompaña a las ví­ctimas en el proceso de demanda.

Afirma que la referida ley establece la facultad que tiene PNC y FGR para activar cualquier medida de protección; sin embargo, la PNC se limitó a establecer nombres clave a las ví­ctimas denunciantes, aunque no a todos los miembros de numerosa familia que sobrepasa los 30 miembros.

“Lo que hemos identificado es que a pesar de que se conocieron los casos y los riesgos que tení­a el grupo familiar, en estos casos no se emitió medidas de protección“, añade Ábrego.

Además señala que el Estado no reconoce el fenómeno de desplazamiento interno por violencia, y que tampoco hay un marco legal para ello. No obstante, sostiene que sí­ existen las normativas e instrumentos internacionales que obligan al Estado a garantizar la seguridad de ví­ctimas.

De hecho, Ábrego mencionó instrumentos internacionales como los que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que enviará al paí­s en los próximos dí­as a Celia Jiménez-Damary, una especialista en derechos de desplazados, quien evaluará la situación de los derechos de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia.

Lea también: Experta de la ONU sobre desplazados por violencia visitará El Salvador

En tanto, uno de los miembros de la familia que ha solicitado el amparo, denuncia que pese a que confiaron en la PNC para interponer la denuncia de las amenazas, esta institución lejos de responder en favor de su seguridad, les amenazó y actuó con negligencia.

“Lo hicimos confiando en la PNC y ellos también nos amenazaron de muerte. Sufrimos persecución por pandillas y después por la misma Policí­a; hubo corrupción y negligencia pues dejaron libre a los capturados que denunciamos, teniendo hechos contundentes”, expresa uno de los miembros de la familia quien pidió no ser identificado.

Señala que el caso fue investigado por Inspectorí­a General de la PNC. Luego el caso pasó a Fiscalí­a y a la fecha ni Inspectorí­a, ni FGR ni PNC dan respuestas.

Mientras, la familia se resguarda con una ONG, lamentan haber dejado atrás su vivienda, estudios y trabajo por el temor de las amenazas.

spot_imgspot_img

También te puede interesar

spot_img

Últimas noticias