Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no extraditar a uno de los exmilitares involucrados en el caso Jesuita, el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, expresó que como Ejército respetan la decisión tomada por los magistrados.
"Nosotros respetamos las decisiones que toman los diferentes órganos de Estado", expresó Munguía Payés, según lo narran agencias internacionales de prensa.
La CSJ negó la extradición a España del excoronel Guillermo Benavides, uno de los cuatro militares detenidos el pasado 5 de febrero por la masacre de seis sacerdotes Jesuitas, cinco de ellos españoles, en 1989.
Según prensa internacional el magistrado Leonardo Ramírez Murcia ha señalado que la decisiones que atañen a los otros tres militares retirado van "en la misma ruta", es decir que tampoco serán extraditados.
Ramírez Murcia explicó a la agencia EFE que la CSJ acordó, en el caso del coronel Guillermo Benavides que no será enviado a España pero que han determinado que pase a un centro penal a cumplir la pena de 30 años impuesta en un juicio realizado entre 1991 y 1992, y de la que solo cumplió una parte hasta que fue amnistiado en 1993.
Ante la decisión de la CSJ representantes de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) reclamaron a la justicia salvadoreña la aprehensión de los autores intelectuales. El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, señaló que llama “la atención que nadie habla de los autores intelectuales que fueron mencionados en el Informe (de la Comisión) de la verdad, parece que el gran problema son los soldaditos (“¦) son los menos importantes del problema; hubo in crimen institucional de la FAES dirigido desde el Estado mayor y que se saben los nombres pero que parece que no existen en este problema”.
Por otro lado, algunos analistas se han pronunciado en torno al caso y señala que esperan que ante la negación de extradición, y la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, sea la justicia salvadoreña la que persiga, atrape y enjuicie a los militares retirados involucrados en la masacre.
Quienes están siendo solicitados por la justicia española y que no fueron detenidos en El Salvador son: Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, José Alberto Sierra Ascensio, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Oscar Alberto León Linares.
El involucramiento de la justicia data desde 2009 cuando el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional Española anunció que investigaría a 14 militares salvadoreños por su presunta implicación en el asesinato de los jesuitas. Velasco también cuestionó, en su momento, si el juicio llevado a cabo en 1991 fue fraudulento o no.
En agosto y octubre de 2011, CSJ determinó que no procedía la detención con difusión roja girada por Interpol para los militares retirados. En aquel entonces, mientras el recurso era conocido en el Órgano Judicial, los exmilitares evadieron la difusión roja, resguardándose en la Brigada de Seguridad Militar. La segunda orden de captura en contra de los exmilitares fue hecha en enero de este año a petición de la Audiencia española.
Inocente Montano, uno de los implicados en la masacre de los sacerdotes, es uno de los que podría estar más cerca de la extradición hacia España; ya que la Audiencia Nacional pidió su extradición desde Estados Unidos, país en el que un juez de Boston lo condenó por fraude migratorio y perjurio en relación a declaraciones falsas que dio a las autoridades de migración con el objetivo de permanecer en Estados Unidos. La petición fue aceptada.
