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sábado, 23 de octubre del 2021

Expresidente de Asamblea huye a Rusia, tras orden de captura por actos de corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por un caso de enriquecimiento ilícito en su período como legislador en los años 2006 al 2015. Además, le estarían imputando el delito estafa agravada y lavado de dinero y activos.

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El presidente, Nayib Bukele, informó que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se encuentra prófugo de la justicia al salir del país tras conocer que había una orden de captura en su contra por presuntos actos de corrupción.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por un caso de enriquecimiento ilícito en su período como legislador en los años 2006 al 2015. Además, le estarían imputando el delito de estafa agravada y lavado de dinero y activos.

"Hoy se hizo un operativo y ya se capturaron a cuatro personas cercanas a Sigfrido Reyes por presunta corrupción. Además tenemos información que él abandono el país en diciembre, según datos de la FGR", reveló el mandatario.

Sin embargo, hay información que indica que Reyes se encontraba fuera del país desde el 22 de noviembre de 2019, al viajar a Guatemala, luego México y finalmente se habría refugiado en Rusia o Francia.

Asimismo, se conoció que hay una orden de captura de la compañera de vida del político, quien según el mandatario salvadoreño se habría “atrincherado” en una residencia de San Salvador. Finalmente, las autoridades policiales lograron capturarla y llevarla alas autoridades.

Asimismo, se conoció que hay una orden de captura de la compañera de vida del político, quien según el mandatario salvadoreño se habría “atrincherado” en una residencia ubicada entre la calle Júpiter y pasaje Andrómeda, colonia Ciudad Satélite, San Salvador. Pero finalmente fue capturada por los agentes de la PNC y llevada a las autoridades correspondientes.

"Ustedes no tenían por qué maltratarme, me dicen una cosa y me jalan del brazo", reclamó Sussy de Reyes en el momento en el cual los fiscales le leían sus derechos y se le indicaban de lo que será procesada.

Estas acciones judiciales habrían alarmado a los efemelenistas desde ayer, al denunciar un supuesto acoso a la pareja de Reyes.

De igual forma, la expresidenta de la Asamblea, Lorena Peña, denunció  este jueves en su cuenta de Twitter que un grupo «de hombres armados» derribaron la puerta de la vivienda de la familia Reyes, donde se encuentra la esposa del exdiputado y que «pretenden llevársela», por lo que pidió la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Además, el partido izquierdista indicó que: “Se ha desatado una cacería política contra única fuerza que se opone a aribtrariedades presidenciales y judicialización de oposición de izquierda. Nuestra militancia debe pasar a máxima alerta #PersecuciónPolitica”.

En cuanto a los capturados y acusados de pertenecer a esta estructura están: Sonia Inés Morales Rivas, Kevin Morales (por lavado de dinero y activos), Manuel Castro (caso especial de lavado de dinero) y Atilio Guevara por incumplimiento de deberes. En total sería 17 ordenes de captura girada por las autoridades judiciales.

Horas más tarde, el ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, informó que : “Por el momento se han capturado a 10 personas vinculadas al caso de Sigfrido Reyes, señalados por cometer delitos de lavado de dinero y activos, peculado y estafa agravada. Estas personas se han puesto a disposición de la FGR”.

FGR estaba a la espera de notificación judicial 

Por su parte, el fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró el miércoles que se encentraban listos de la notificación de la Cámara de lo Civil para para seguir el proceso contra expresidente de la Asamblea Legislativa y de Proesa, Sigfrido Reyes, quien es acusado del delito de enriquecimiento ilícito.

“Hasta el momento no hemos recibido ningún documento de la Cámara y pese a ello, nosotros ya estamos trabajando en torno al tema para tener lista la demanda. Hay que recordar que la Corte Plena y la sección de Probidad nos mandó el expediente sobre un posible enriquecimiento ilícito”, indicó Melara ayer a los medios de comunicación.

El caso al que se refiere Melara, al juicio civil que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 30 de julio de 2019 por indicios de enriquecimiento ilícito en el patrimonio presentado por Reyes mientras fungió como diputado entre 2006 y 2015.

A principios de julio del año pasado, la Corte Plena retomó el estudio del expediente del exdiputado Reyes  para indagar si durante su gestión en la Asamblea Legislativa había cometido enriquecimiento ilícito.

En el 2006, las declaraciones patrimoniales que detalló Reyes reflejaban que tenía un patrimonio de $108 mil 800. Al término de tres legislaturas ya había incrementado  a $628 mil 088. El patrimonio líquido de la familia de Reyes también creció de $218,065.11 en 2006 a $416,967.67 en abril de 2015.

En mayo de 2018, la entonces Comisión de Ética y Probidad concluyó el examen sobre el análisis patrimonial a Sigfrido Reyes, para que fuera del conocimiento de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Reyes también fue expresidente del Organismo Promotor de las Exportaciones  y las inversiones de El Salvador (PROESA).

Anteriormente el presidente Nayib Bukele acusó al FMLN de querer evitar el juicio de Reyes debido a que presionaba a la Corte Suprema de Justicia.

El exdiputado Reyes siempre trató de dilatar la investigación de Probidad. En noviembre de 2017 pidió 120 días adicionales a los diez que le había dado Probidad para que presentara las pruebas de descargo.

Lo cierto es que el efemelenista siempre estuvo en la mira, luego que sus declaraciones patrimoniales al término de su legislatura dieran cuenta de un aumento de $717 mil 065.

A pesar de ello, Reyes siempre sostuvo que el origen del dinero era producto de sus ahorros personales.

A estos cargos se le sumaron, un informe de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que señala que el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se habría beneficiado con la compra de terrenos de un instituto de pensiones del Ejército.

De acuerdo al titular del Ministerio Público, reporte de la CCR es producto a una investigación en la cual detectaron que en febrero de 2014, el IPSFA hizo una rebaja de $105,348.86 al precio total de cinco lotes que le vendió al efemelenista y a su asesor legislativo Byron Enrique Larrazábal Arévalo.

"Es un insumo más en la investigación que estamos llevando a cabo por enriquecimiento ilícito También se están evaluando otras series de evidencias y de documentos que nos van a permitir presentar un caso (ante tribunales) en el momento determinado", acotó Melara.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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