Ella tiene el cabello al estilo afro, es de piel morena, posee una sonrisa que invade, es una compañera, una educadora, una defensora, una artista, una hija, una mujer”¦ así la describen sus amigos y pareja; ella es la joven con 23 años que pasó a ser para la “justica” una posible extorsionista.
Wendy Lisetth Morales Gálvez es graduada con honores de la Licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de El Salvador, en la actualidad es la gerente general de la Asociación Azul Originario (una iniciativa socio empresarial de juventudes salvadoreñas que están en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa), es maestra Ad Honorem de Náhuat en la Asociación Mujeres Transformando y es la delegada de la Red de Jóvenes de TDH Alemania.
Su trayectoria es más amplia que sus 23 años de vida, ella según Jorge Ávalos, director de la Compañía de Teatro La Zebra, en el sector cultural es conocida como actriz, en el sector de la justicia es conocida como una líder joven, nahuablante, dedicada a la lucha por los derechos de pueblos originarios y afrodescendientes.
Su compañero de lucha, Gustavo Martínez, miembro de El Comité de Afrodescendiente de El Salvador (AFROES), comenta que Wendy es una persona que lucha por lo justo y que entre las muchas cosas que la caracterizan esta la honestidad, responsabilidad y compromiso.
A su vez es parte de El Comité de Afrodescendiente de El Salvador, la Red de Defensoras de Derechos Humanos y ha trabajado en proyectos de Prevención de la Violencia.
Asimismo a la joven Morales la sustentan 15 cartas de constancias de trabajo, comportamiento, actitud de desempeño académico y el apoyo de artistas, periodistas, conocidos, no conocidos del país y de los alrededores del mundo.
La vida de Wendy Morales cambió un lunes 5 de septiembre cuando la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en la residencia que compartía con su familia en Quezaltepeque por una supuesta denuncia de violencia intrafamiliar, luego por tráfico de drogas y finalmente argumentando la detención de la joven por su supuesta participación en una extorsión.
En el año 2012, Wendy era la dueña de un número telefónico de la compañía Tigo El Salvador, ella abrió una cuenta de Tigo Money para hacer un retiro, lo realizó y luego de meses Wendy desechó el chip (como cualquier otro ya no lo utilizó).
En el 2014 empleando su número telefónico un hombre se identificó como miembro de la Mara Salvatrucha y amenazó de muerte a un lugareño de Jocoaitique si no cancelaba $500 de extorsión, entre negociaciones la víctima acordó depositar $150 y el dinero fue retirado en un Tigo Money de Plaza Mundo Soyapango.
Por este hecho Morales fue trasladada a San Francisco Gotera, Morazán, al juzgado de paz de Jocoaitique, allá se llevó a cabo la audiencia inicial, tras la presentación de bitácoras de mensajes de la extorsión, la denuncia y los números telefónicos involucrados el juez decidió que la joven siguiese en detención provisional durante los 4 meses en la que se llevará a cabo la investigación.
Tras su detención sus abogados afirmaron que existe una parcialidad y se ha vulnerado el artículo 270 del Código Procesal Penal y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
“Cuando se hace una investigación que ha durado dos años, en este caso, no se ha recabado prueba de descargo contra Wendy y en particular tuvo que haber existido una nota de recibido del producto (que se supone)”¦ del depósito que hizo la víctima al número de Wendy. A su vez no existe el contrato con el cual se acredita que Wendy tenía legamente el número y tampoco se ha establecido la ubicación de antenas del GPS en donde se encontraba Wendy en ese instante y hay un punto bien importante Fiscalía tuvo que comprobar que Wendy recibió esta plata”, dijo el abogado defensor.
La pareja de Morales expresó que no se puede seguir estigmatizando y criminalizando a la juventud de esta manera y menos a una persona como Wendy con una credencial, con los arraigos y con todo el trabajo realizado.
Ante las irregularidades del proceso colectivos, organizaciones y compañeros han denunciado las anomalías del caso por medio de la campaña #Justicia para Wendy. Y a través de un pronunciamiento han señalado:
- La falta de acceso de la defensa técnica a la información para la estrategia jurídica en el proceso.
- La inexistencia de indicios que incriminen a la joven en los hechos que se atribuyen.
- Violación a su derecho de defensa (ante la falta de contacto necesario para su defensa).
“Queremos mandar un mensaje claro no se puede permitir que se siga criminalizando a las mujeres por defender derechos”, expresó una de las representantes de la Red de Defensoras de Derechos Humanos ante el pronunciamiento.
Hasta el momento Wendy Morales es la única persona procesada por el hecho y mientras dure la investigación la joven se mantendrá en las bartolinas de Osicala, Morazán.
