En diciembre de 1981, el Batallón Atlacalt de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ejecutó una operación militar en los cantones: El Mozote, La Joya, Toriles y lugares aledaños, al norte de Morazán, masacrando a 1.000 campesinos, según la Comisión de la Verdad.
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Con la anulación de la Ley de Amnistía en 1993 los familiares de las víctimas de masacres ejecutadas durante la guerra civil, que ocurrió en el país de 1980 a 1992, quedaron sin justicia y sin reparación.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), liderado por Silvana Turner, realizan trabajos de exhumación de osamentas a petición de familiares de las víctimas. Los forenses argentinos que han realizado trabajos de recuperación en un periodo de 1992 a 2016, trabajan en la actualidad en 11 escenas ubicadas en El Mozote, La Joya y Toriles.
Miriam Nuñez de Márquez sostiene ropa de uno de los parientes de su esposo, José Orlando Márquez, encontrados en una de las escenas donde se realizan las exhumaciones.
La Sala de lo Constitucional anuló 13 de julio de este año la derogación de la Ley de Amnistía. Con está resolución de la Sala, los familiares de las víctimas solicitaron la apertura del caso en el juzgado Segundo de Paz de San Francisco Gotera. El juez Jorge Alberto Guzmán ordenó a finales de septiembre la reapertura de la acción judicial.
Las exhumaciones en El Mozote y lugares aledaños es en cumplimiento a la sentencia emitida en el 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabilizó al Estado salvadoreño por las ejecuciones realizadas por la Fuerza Armada Salvadoreña.
Pese a que el proceso de reparación que inició en el 2015 por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los familiares de las víctimas siguen a la espera de justicia para deducir los autores principales de la masacre que según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es considerada la matanza más grande registrada en América Latina.
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