El exdiputado del PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, fue enviado a juicio por el delito de lavado de dinero y cohecho activo, esto por sobornar alcaldes, según ordenó el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador
La jueza considera necesario que la prueba incorporada al proceso y admitida en la audiencia preliminar sea analizada en una vista pública de forma íntegra y que se escuchen a los testigos.
“A mi arecer se ha establecido una secuencia de hechos lógicos y una serie de transacciones con alcaldías como la de Berlín, Ozatlán y Acajutla”, dijo la Jueza Violeta Edelmira Flores. La jueza también decidió modificar el delito de casos especiales de lavado de dinero a lavado de dinero.
Manifestó que las acciones realizadas por Silva Pereira encajan en blanqueo de dinero ya que utilizó el sistema financiero para depositar los fondos obtenidos de manera ilegal con la adjudicación de obras amañadas y luego lo transfirió a otros alcaldes para pagarles los porcentajes pactados por proyectos otorgados y para comprar inmuebles, yates, vehículos, gasolineras y ferreterías.
El ministerio público señala a Silva Pereira de haber ofrecido y entregado dádivas a 26 alcaldes, en su mayoría del oriente del país y del Partido de Concertación Nacional (PCN) a cambio de la adjudicación de proyectos de infraestructura de manera irregular ya que previo acuerdo con los alcaldes y jefes de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) otorgaron las obras, saltándose los procedimientos que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
El exdiputado supuestamente corrompió a los alcaldes induciéndolos a que se simularan las licitaciones de los proyectos para que participaran otras empresas, pero testigos ofrecidos por la Fiscalía llegarán a decir a la vista pública que en realidad el plan ya estaba diseñado y las empresas que iban a resultar ganadoras eran Provecom y CED S.A de C.V., empresas que junto a su esposa Nora Emely de Silva, quien cumplió condena de siete años por lavado de dinero, constituyeron para utilizarlas en el blanqueo de los fondos.
Los hechos acusados por la Fiscalía supuestamente ocurrieron entre los años 2002 al 2006 y la investigación de la Unidad de Lavado de Dinero fue presentada en la Cámara Primera de lo Penal. La defensa cuando comenzó la audiencia preliminar intentó que la jueza pusiera fin al proceso bajo el argumento que los delitos ya prescribieron, pero la jueza no accedió.
Los argumentos de los abogados del exlegislador es que ya pasaron 14 años, pero obviaron que el 25 de enero de 2007, cuando los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal declararon rebelde y giraron orden de captura la prescripción queda en suspenso y se reactivó hasta cuando el imputado fue recapturado, el 8 de enero de 2020, en el Aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero, tras ser deportado por Estados Unidos.
En este proceso la Fiscalía tiene como prueba principal el testimonio del exalcalde de Berlín, Usulután, Ramón Ernesto Palma Alfaro, quien falleció hace unos años, pero su declaración fue tomada mediante un anticipo de prueba en el año 2007 por los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal.
Palma Alfaro, fue uno de los alcaldes sobornados por Silva Pereira y decidió criteriarse para colaborar con la Fiscalía en este proceso penal. En su confesión contó que el exdiputado le otorgó el 10% del monto de un proyecto a cambio de que sus empresas ganaran la licitación. El exalcalde en su testimonio dijo que no solo él había otorgado los proyectos de manera irregular, que también otros jefes edilicios habían pactado el 10% con Silva Pereira.
En la resolución la jueza dijo que fue esencial la declaración del exalcalde de Berlín, quien confirmó las dádivas recibidas y que incluso en el año 2006, Silva Pereira le regaló $11,000 para su campaña electoral.
También se valoró pericias financieras contables álbumes fotográficos de proyectos que según las carpetas técnicas debieron realizarse, pero no fueron concluidos y otros no se ejecutaron.
