La Justicia española eliminó el delito de lesa humanidad de los cargos que pesaban sobre el excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, procesado por su participación en la masacre de cinco jesuitas españoles, un salvadoreño y sus dos colaboradoras en 1989 en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
La Audiencia Nacional española revocó en parte la sentencia dictada contra Montano, pero confirmó su procesamiento por el asesinato terrorista de los cinco jesuitas españoles, entre ellos el entonces rector de la UCA, Ignacio Ellacuría.
Según dio a conocer la prensa internacional, el tribunal español no ve "ningún motivo" para el sobreseimiento de la causa, pero estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Montado, que fue entregado el año pasado a España por Estado Unidos.
Descarta su procesamiento por el delito de lesa humanidad, ya que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España establece que la jurisdicción española será competente para juzgar los delitos de genocidio o lesa humanidad cometidos por españoles o residentes en España, condición que no cumple el procesado.
La Audiencia Nacional considera sin embargo consistente el delito de terrorismo porque, "al menos de manera indiciaria, se trató de terrorismo de Estado".
Para el tribunal, hay suficiente indicios de la posible participación de Montano en actos relacionados con la masacre "bajo un rol sin duda prevalente en la trama delictiva desbaratada, por su condición de coronel del Ejército salvadoreño y miembro del Gobierno".
Los indicios que le incriminan en esta fase del procedimiento, según el auto judicial, "lo sitúan en el núcleo de decisiones adoptadas para exterminar a los que se consideraban enemigos de la nación durante la cruenta guerra civil que entablaron el ejército y el FMLN, concibiéndose la liquidación de los jesuitas como pretendido factor de desmoralización de la sociedad".
El tribunal descarta que esos delitos hayan prescrito, ya que El Salvador "según todos los indicios cerró en falso la ficticia investigación abierta y artificiosamente concluida" y en España se abrió en 2008, 19 años después de los hechos y uno antes de que prescribieran los delitos de asesinato.
La masacre de los jesuitas la llevó a cabo el comando del Batallón Atlacatl, que irrumpió el 16 de noviembre de 1989 en el Centro Pastoral de la UCA, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.
Este "batallón de la muerte" acabó con la vida de los cinco jesuitas españoles, Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y del salvadoreño Joaquín López, así como de la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, también salvadoreñas.
La investigación en España solo se sustenta por el asesinato de los cinco españoles y es uno de los pocos casos de justicia universal que continúan su curso después de la última reforma legislativa que limitaba mucho estas causas.
En el caso de los hechos ocurridos en El Salvador, la causa persiste por considerarse que son hechos constitutivos de terrorismo.
