La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad busca alcanzar un acuerdo para emitir un dictamen favorable a fin de aprobar el proyecto de Ley Especial del Registro Nacional de Agrupaciones Ilícitas y Organizaciones Terroristas, sus Miembros y Colaboradores.
Tras las observaciones que hiciera la Fiscalía General de la República (FGR) y que fueron conocidas el pasado 17 de septiembre, la comisión espera reanudar la revisión final del articulado en la próxima jornada de trabajo.
La FGR sugirió incorporar un literal para establecer el árbol genealógico del pandillero y dejar establecido la vinculación del Órgano Judicial al registro, lo cual se encomendó al equipo técnico analizar, quedando pendiente recibir la opinión por escrito por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
“Es necesaria (la aprobación) porque esta ley es el preámbulo de otras leyes más; una de las que más me interesa (impulsar) es la ley de protección integral para los policías, soldados y vigilantes penitenciarios en la que habla de medidas cautelares, ¿pero cautelares en contra de quién o a favor de quién?; habría que identificar quienes son los miembros de pandillas o grupos organizados, este instrumento va a permitir eso; esa es una de las muchas cosas para las que serviría esa ley como también para reinserción”, sostuvo el presidente de la comisión, diputado Antonio Almendáriz, del Partido de Concertación Nacional (PCN).
Esta iniciativa tiene como propósito identificar y clasificar a los delincuentes a través de informes de inteligencia, antecedentes penales y policiales, además de configurar el elemento esencial para desarticular las estructuras criminales y posibilitar el desmontaje de las pandillas; de esta manera se daría al Estado una herramienta administrativa para combatir de manera integral el principal problema de seguridad del país.
Por otra parte, la instancia parlamentaria acordó reanudar el análisis del anteproyecto de Ley especial de prevención, control y sanción del lavado de activos en la reunión de cada martes; se suspenden las sesiones los días viernes con ese fin.
Finalmente, se acordó pedir información por escrito al titular de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y al Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) sobre la propuesta de enmiendas a los artículos 9, 22, 60, 68, 69, 87, 107, 108, 114 y 120 de la Ley Penitenciaria, a fin de incorporar el lenguaje inclusivo en esa normativa.
