Por Alonso Rosales.
En América Latina la reelección presidencial ha sido, históricamente, una puerta de entrada al debilitamiento del Estado de derecho y a la concentración de poder. Sin embargo, desde Washington se observa una política ambigua: se apoya, directa o indirectamente, la continuidad de ciertos mandatarios, siempre que estos encajen en los intereses geoestratégicos y económicos de Estados Unidos.
La sociedad política que se ha ido tejiendo entre figuras como Donald Trump, Daniel Noboa y Javier Milei demuestra que la reelección o la permanencia en el poder no es evaluada bajo parámetros de calidad democrática, sino bajo el prisma de afinidad ideológica y conveniencia. Milei, por ejemplo, ha tomado decisiones que afectan incluso a sectores vulnerables como las personas con discapacidad, pero su radicalismo liberal es tolerado porque encaja en el discurso del “nuevo orden económico” que seduce a ciertos sectores en el Norte.
La contradicción se hace evidente cuando Washington condena y sanciona las dictaduras de Nicaragua, Cuba o Venezuela, pero guarda silencio frente a prácticas autoritarias de gobiernos aliados. Nicolás Maduro, sin duda, no es un demócrata ni mucho menos un referente de libertades; pero al satanizarlo selectivamente, Estados Unidos pierde credibilidad moral. Porque la esencia del autoritarismo es la misma, venga disfrazado de revolución socialista o de promesas neoliberales.
La experiencia venezolana es la advertencia más clara: de ser una nación rica en petróleo y en oportunidades, se convirtió en un país empobrecido, con una población sometida a la escasez, mientras los altos funcionarios disfrutan de lujos obscenos. El contraste entre la vida cotidiana del ciudadano y la de la élite política es la verdadera definición de oligarquía moderna. En este escenario, la popularidad entre fanáticos no otorga legitimidad democrática, sino poder para manipular, prometer y perpetuarse.
En definitiva, lo que debería importar no es si un gobierno es aliado o adversario de Estados Unidos, sino si respeta los contrapesos democráticos, la división de poderes y los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Porque la historia demuestra que toda dictadura —aunque nazca bajo el argumento de ser “necesaria” o “popular”— siempre se prolonga más de lo prometido y termina sirviendo a los intereses de una minoría, mientras condena a la mayoría a la resignación y la miseria.
Fuentes:
- Freedom House: Freedom in the World Report 2024
- Human Rights Watch: World Report 2024
- CEPAL: Panorama Social de América Latina
